El 13 de mayo de 2026, la ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó en el Consejo de Ministros los resultados ambientales del gobierno Petro con slides y cifras verificables. El mismo día en que la pelea por los fondos de pensiones ocupó todos los titulares. Los números del sector ambiental no aparecieron en ningún medio.
Esto es lo que dijeron los documentos.
Del carbón a la papa: el corredor que cambió de nombre
El Cesar concentra las principales minas de carbón de Colombia — y la mina de carbón a cielo abierto más grande de América. Desde los años noventa, la minería desplazó ríos, comunidades y modos de vida. El río Carenturita fue desviado. La tasa de homicidios en las zonas mineras se sostuvo entre las más altas del país.
El gobierno Petro diseñó el Corredor de Vida del Cesar como la primera estrategia intersectorial articulada entre Ambiente, Trabajo, Agricultura y Minas para transformar esa región. El objetivo no era cerrar las minas de un día para otro: era generar una alternativa real para los trabajadores que dependían de ellas.
En el Consejo de Ministros se escuchó el testimonio de uno de esos trabajadores:
❝ Yo duré 9 años trabajando en la mina y hoy en día le doy gracias a Dios por haber salido de la mina. El río Carenturita tenía su cauce, lo desviaron. ¿Usted sabe cuántos animales se murieron en ese desvío? ¿Cuándo se había visto que habían dado tanta tierra? Yo me considero en este momento un defensor de la naturaleza aquí en nuestro territorio. ❞ — Campesino del Corredor de Vida, Cesar
El Corredor de Vida es el modelo de transición justa que el gobierno propone frente a quienes argumentan que dejar el carbón significa dejar el empleo. La evidencia del Cesar dice que hay una tercera vía entre la mina y el desempleo: la tierra productiva.
La deforestación se redujo 37% — la meta era 20%
La meta del Plan de Desarrollo en materia de deforestación era reducirla en un 20% respecto a la línea base del año 2021. Lo que el gobierno presentó en el Consejo de Ministros fue una reducción promedio cercana al 37% — casi el doble de lo comprometido.
El año de mayor logro fue 2023. En los años siguientes la reducción fue menor, en parte por la presión climática del fenómeno de la sequía, que históricamente genera deforestación por incendios y desecamiento de fuentes. Aun así, el promedio se sostuvo por encima de la meta durante todo el periodo.
El IDEAM identificó las principales causas de la deforestación que persiste: apertura de vías ilegales con maquinaria amarilla —no por campesinos pobres sino por redes con capacidad de inversión—, acaparamiento de tierras, ganadería extensiva y, en una correlación directa con las anteriores, la siembra de palma aceitera. La deforestación restante no es espontánea: tiene financiamiento y organización.
En materia de restauración, el gobierno presentó una cifra que tampoco circuló en medios: el área restaurada o revitalizada bajo este gobierno fue un 160% superior a la del gobierno Duque y un 120% superior a la del segundo gobierno Santos.
El licenciamiento que supuestamente bloqueaba el desarrollo
Varios candidatos presidenciales para 2026 han construido parte de su narrativa sobre la idea de que el licenciamiento ambiental es una barrera de la izquierda contra el progreso y los proyectos de infraestructura. Los documentos presentados en el Consejo de Ministros contradicen esa narrativa con datos específicos.
En materia de energías limpias, el gobierno logró un 70% más de capacidad licenciada que cualquier gobierno anterior. La meta era llegar a 6 GW licenciados antes del fin del mandato. Con tres meses de gobierno restantes, el ministro encargado confirmó que la cifra se va a alcanzar.
Estos 6 GW no son proyectos que ya estén operando: son proyectos con licencia ambiental aprobada, con consultas previas realizadas, listos para construirse. Ese es el legado que el gobierno transfiere al siguiente: una plataforma de proyectos ya desbloqueados que hace irreversible la transición energética justa, independientemente de quién llegue al poder en agosto.
En líneas de transmisión eléctrica — la infraestructura que conecta la generación con el consumo —, el cambio es más dramático: el gobierno pasó de 6 proyectos licenciados a 18, con un crecimiento del 500% en kilómetros licenciados respecto al gobierno Duque. Cuando este gobierno llegó, se advertía que Bogotá podría quedar sin energía eléctrica y que el metro de Bogotá no tendría suministro. Las líneas de transmisión ahora licenciadas resuelven esas brechas.
La Guajira: del puesto 16 al primero
La Guajira tiene una contradicción documentada. Tiene más de 130 GW de potencial de energía limpia — viento y sol — y al mismo tiempo ha sido históricamente de los departamentos con menor capacidad instalada y mayor pobreza energética. En términos de capacidad instalada y operando, la Guajira ocupaba el puesto 16 entre los departamentos colombianos.
Esa cifra le preocupaba al presidente Petro. Semanas antes del Consejo de Ministros, en el marco del comité tripartito con el pueblo Wayuu, preguntó qué había logrado ese comité si la Guajira seguía tan atrás en capacidad instalada.
La respuesta llegó con datos en el Consejo de Ministros: en términos de capacidad licenciada — proyectos ya aprobados, con consultas previas realizadas, listos para construirse — la Guajira es hoy el primer departamento de Colombia, tanto en generación de energías limpias como en líneas de transmisión. El salto del puesto 16 al 1° no es un cambio en la generación actual, sino una señal de lo que viene: hay aceptabilidad social de los proyectos porque se construyeron con el pueblo Wayuu, no en contra de él.
La reducción del 70% en los tiempos de licenciamiento, lograda por dos decretos expedidos a finales de 2025 que automatizaron parte del proceso, tiene un efecto medible: en los seis meses posteriores a esos decretos el gobierno recibió 32 solicitudes de licencia para proyectos de energías limpias, un volumen sin precedente en ningún periodo anterior.
Santa Marta, 57 países y un tercio del PIB global
En abril de 2026, Colombia fue sede de la primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, celebrada en Santa Marta. El evento convocó a 57 países que representan una tercera parte del producto interno bruto global y una tercera parte de la demanda mundial de combustibles fósiles.
Asistieron más de 500 académicos, 40 parlamentarios, gobiernos subnacionales de distintos continentes y cerca de 100 representantes de la sociedad civil. El resultado concreto fue la constitución del primer panel científico internacional dedicado exclusivamente a apoyar a los países en la eliminación progresiva de los combustibles fósiles — no en la reducción de emisiones ni en la eficiencia energética, sino en la eliminación del origen del problema.
La segunda conferencia de este formato tendrá como coorganizadores a Albania e Irlanda. Las tres líneas de trabajo acordadas hasta esa cita son: construir hojas de ruta nacionales para la eliminación de fósiles, reformar el sistema financiero internacional para eliminar subsidios que incentivan la producción y el consumo de hidrocarburos, y descarbonizar las balanzas comerciales.
Ningún gobierno colombiano anterior había convocado ni liderado un espacio de esa escala en diplomacia climática. La noticia no apareció en ningún titular de los medios colombianos el día de la conferencia ni el día en que se presentaron sus resultados en el Consejo de Ministros.
El primer CONPES que el sector ambiental recibió en la historia
Un dato del Consejo de Ministros que tampoco circuló: este gobierno aprobó el primer CONPES-CONFIS que garantiza recursos presupuestales al sector ambiental con vigencias futuras — es decir, con plata comprometida por 10 años.
El monto es de 1.4 billones de pesos destinados a la Amazonía colombiana y al Chocó biogeográfico para restauración, revitalización de ecosistemas y protección del bioma. En los gobiernos anteriores, la prioridad en CONPES había sido la infraestructura vial — las concesiones 4G y 5G. Este es el primer CONPES en el que la jerarquía de lo prioritario cambia: los ecosistemas entran al mismo nivel que las vías.
Complementario a ese CONPES, el gobierno declaró el bioma amazónico colombiano como reserva de recursos naturales, cerrando la minería de gran escala, mediana escala y pequeña escala, y todos los proyectos de hidrocarburos en la Amazonía. Colombia es el primero de los ocho países que comparten el bioma amazónico en avanzar hacia esa declaratoria. Las comunidades indígenas de la selva la han pedido durante décadas.
La primera concesión forestal campesina de la historia del país se entregó en Solano, Caquetá: 23,000 hectáreas para cerca de 500 familias, con derecho a aprovechamiento sostenible de recursos maderables y no maderables durante 30 años, bajo un plan de manejo ambiental construido entre el Ministerio y la Corporación Autónoma Regional de la Amazonía. El campesinado forestal — que vive de la selva sin destruirla — tiene ahora un instrumento jurídico que lo reconoce como actor del cambio.
Esos son los números que el Consejo de Ministros del 13 de mayo de 2026 dejó registrados. No aparecieron en los titulares porque ese mismo día un magistrado firmó un auto y unos banqueros no transfirieron cinco billones. El ruido tapó los documentos. Los documentos siguen ahí.
