A seis días de la posesión de Abelardo De la Espriella, el Batallón Paraíso de la Segunda Brigada del Ejército en Barranquilla opera como un gran taller. Más de 400 obreros trabajan en turnos que se extienden hasta las 11 de la noche. El complejo fue construido siguiendo la Ley 11 de 1935 e inaugurado en 1938 en estilo neoclásico republicano, con varios niveles subterráneos diseñados como búnker, incluyendo una sala de situación con sistemas de comunicación y videovigilancia. El presidente electo ha designado ese edificio como una de sus dos sedes en Barranquilla, junto con el Edificio La Aduana en el centro histórico. La obra en el Batallón Paraíso reporta un avance del 80%. El 7 de agosto, según el cronograma, tiene que estar lista.
Tres preguntas definen este episodio y ninguna está siendo respondida con claridad: quién está pagando la construcción, bajo qué autorización se interviene un predio militar, y qué ocurre con el acuerdo que el propio Ministerio de Defensa ya firmó sobre ese mismo terreno.
Un terreno que ya tiene otro destino
El 22 de julio de 2026, quince días antes de la posesión, el Ministerio de Defensa y Constructora Bolívar firmaron un acuerdo de intercambio de predios. El trato: Bolívar recibirá el terreno del Batallón Paraíso —51 hectáreas en el norte de Barranquilla—, pagará 215 mil millones de pesos, y cederá 34 de esas hectáreas para la construcción del Mega Parque de Barranquilla. Las 17 hectáreas restantes quedarán para un proyecto de vivienda privado denominado Paraíso Caribe. El Ejército recibirá a cambio una nueva sede en Puerto Colombia.
La firma de ese acuerdo es anterior al inicio de las obras de adecuación de la sede presidencial. Esto significa que las intervenciones que hoy se realizan en el Batallón Paraíso se están ejecutando sobre un predio cuya transferencia ya está contractualmente comprometida con un privado. Ningún medio ha explicado cómo se resuelve esa superposición jurídica, ni el gobierno saliente ni el equipo de transición han dado una respuesta pública al respecto.
El Ministerio de Defensa que no aprobó nada
La Gobernación del Atlántico, a través del gobernador Eduardo Verano de la Rosa, ha sido el vocero de facto de las obras. En declaraciones a Caracol Radio, Verano reveló un antecedente que agrega una capa de responsabilidad fiscal al inmueble: la Gobernación construyó la edificación específica que hoy se adapta con recursos de la tasa de seguridad. "Nosotros la construimos con recursos de la tasa de seguridad", dijo Verano. La tasa de seguridad es un impuesto cobrado en la factura de energía eléctrica de los ciudadanos del Atlántico, con destinación específica para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública y la seguridad ciudadana. Esa destinación específica es su límite legal: los recursos recaudados no pueden usarse para fines distintos a la seguridad. El edificio que hoy se convierte en despacho presidencial fue levantado con plata de los contribuyentes del Atlántico bajo ese impuesto.
Lo que no ha confirmado ninguna entidad es la aprobación formal del Ministerio de Defensa para las obras actuales. Según información publicada por medios nacionales, las intervenciones no cuentan con aprobación financiera de esa cartera. El Ministerio administra el patrimonio inmueble del Ejército. Intervenir un edificio dentro de un batallón activo, sin esa aprobación, levanta preguntas sobre la figura jurídica bajo la cual se ejecutan las obras. El gobierno entrante no ha publicado ningún contrato ni acto administrativo que sustente la autorización del uso del inmueble militar para fines de sede presidencial civil. La transparencia en ese punto es, hasta la fecha de publicación de este artículo, inexistente.
Quién paga y quién no dice cuánto
Christian Daes, presidente operativo de Tecnoglass, donó la instalación de ventanas y puertas de vidrio del edificio —dato que el gobernador Verano confirmó públicamente en Caracol Radio. La Gobernación confirmó el aporte pero no reveló su valor económico. Daes es un empresario barranquillero con una trayectoria documentada en la contratación pública de la región: en los últimos cinco años, la familia Daes y sus empresas —Tecnoglass y A Construir— ganaron contratos con el Estado por más de 250 mil millones de pesos, principalmente con la administración distrital de Barranquilla bajo la familia Char.
El vínculo entre los Daes y los recursos públicos del Atlántico tiene una capa adicional. Durante la gobernación de Elsa Noguera —antecesora de Verano en la Gobernación del Atlántico y figura del Clan Char— dineros de la tasa de seguridad financiaron contratos de empresas vinculadas a los Daes. Noguera es hoy la Ministra de Transporte del gobierno De la Espriella. El empresario que dona ventanas a la sede presidencial es el mismo que cobró recursos públicos del impuesto de seguridad bajo la gobernadora que hoy ocupa una cartera del gabinete nacional.
La lista completa de donantes privados no ha sido publicada. El monto total invertido en las obras tampoco. Lo que sí es público es el principio general: empresarios del sector privado están financiando la construcción de la sede de trabajo del próximo presidente de la República. La pregunta que esa situación genera no requiere suponer mala fe —requiere respuesta institucional: ¿Bajo qué figura legal se reciben estas donaciones?, ¿qué registro llevan las entidades receptoras?, y ¿existe algún mecanismo que prevenga que los donantes sean beneficiarios de contratos estatales durante el gobierno que están financiando?
El artículo 355 de la Constitución prohíbe que el Estado done recursos a privados. La dirección inversa —privados donando a entidades públicas— no está prohibida constitucionalmente, pero está sujeta a los principios de transparencia, publicidad y control fiscal que rigen la administración pública. Ninguno de esos principios se está cumpliendo en este caso.
Lo que la Constitución dice y lo que no dice
La Constitución Política establece en su artículo 322 que Bogotá es la capital de la República y sede de los órganos del poder público. Sin embargo, ningún artículo constitucional ni legal obliga al presidente a ejercer sus funciones exclusivamente desde la Casa de Nariño o desde Bogotá. Los secretarios del Congreso han confirmado que tampoco existe una norma que fije una sede específica para la posesión presidencial.
En ese sentido, la decisión de De la Espriella de gobernar desde Barranquilla y de convertir la Casa de Nariño en museo no tiene un vicio de inconstitucionalidad en sí misma. Lo que sí tiene son interrogantes sobre el proceso: la ausencia de contratos públicos, la opacidad en la financiación privada, el uso de terreno militar bajo un acuerdo de transferencia ya firmado con Constructora Bolívar, la inversión previa de recursos públicos departamentales de destinación específica en el inmueble, y la falta de aprobación del Ministerio de Defensa. Esos interrogantes no son sobre el dónde. Son sobre el cómo.
