El doble rasero que el periodista le señaló en vivo
En la entrevista con En Tribuna RCN, el periodista le planteó a De la Espriella una contradicción que él mismo había construido: durante semanas había sostenido que el presidente Petro era responsable del asesinato de Miguel Uribe Turbay porque sus comentarios violentos contra la oposición habían instigado el crimen. Y en ese mismo período de campaña, De la Espriella había prometido "erradicar y destripar a la izquierda".
La pregunta fue directa: "¿Cómo es que las palabras del presidente sí pueden instigar crímenes, y decir que hay que erradicar y destripar a la izquierda no?" De la Espriella respondió que "destripar" tiene una cuarta acepción en el diccionario que significa acabar con un relato, y que él se refería a eso. El periodista no lo aceptó: si las palabras de Petro podían interpretarse en su sentido más grave para imputarle responsabilidad política, el mismo estándar aplicaba a las suyas. De la Espriella no resolvió la contradicción — la esquivó.
Lo que dice la Constitución sobre los derechos de la oposición política
El artículo 40 de la Constitución Política garantiza el derecho de todo ciudadano a participar en la conformación del poder público, a integrar partidos y movimientos políticos, y a ejercer la oposición. No es un derecho que el Ejecutivo pueda suspender, reducir ni amenazar, porque está en el mismo texto que define las reglas del juego democrático.
El artículo 20 garantiza la libertad de expresar y difundir el pensamiento y las opiniones, y el artículo 19 protege la libertad de conciencia. Colombia además tiene la Ley 1909 de 2018, el Estatuto de la Oposición, que otorga garantías específicas a partidos y movimientos que no hacen parte del gobierno: acceso a medios, financiación, protección de sus líderes. Amenazar a quienes "cuestionen" los resultados electorales con reclusión en condiciones degradantes no es una postura política, sino una presión directa sobre el ejercicio de derechos constitucionales y legales, que es exactamente lo que De la Espriella le imputó a Petro cuando dijo que sus palabras habían instigado un crimen.
Los "15 metros bajo tierra" y lo que el derecho internacional dice sobre eso
La promesa de recluir opositores "a 15 metros bajo tierra, sin sol ni agua" no es solo una figura retórica agresiva, sino la descripción de condiciones de detención que violan estándares internacionales a los que Colombia está vinculada. Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela, establecen que toda celda debe tener acceso a luz natural o artificial suficiente y ventilación adecuada, y que ningún recluso puede ser sometido a condiciones que constituyan trato cruel, inhumano o degradante.
El artículo 28 de la Constitución es igualmente claro: nadie puede ser reducido a prisión sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente. Un presidente no puede ordenar encarcelar a nadie — esa facultad la tiene exclusivamente la rama judicial, y las condiciones de reclusión las regula la ley, no el discurso presidencial.
La trampa del argumento que él mismo construyó
La defensa de De la Espriella frente al señalamiento del periodista de RCN fue que sus palabras debían interpretarse en su acepción más benévola, y que quienes las interpretaban de otra manera no conocían bien el castellano. Ese argumento es exactamente el opuesto al que él usó para responsabilizar a Petro: a Petro le aplicó la interpretación más grave, la que convierte las palabras en instigación; a sí mismo le aplicó la interpretación más inocente, la que convierte "destripar" en una metáfora editorial.
Un estándar de responsabilidad política no puede funcionar en una sola dirección, y menos cuando quien lo aplica está a punto de tener la presidencia de la República, porque desde ese cargo las palabras no son solo retórica — son señales para las instituciones, para la fuerza pública y para quienes ejercen la oposición.
La pregunta que las afirmaciones dejan abierta
De la Espriella tiene razón en que las palabras tienen consecuencias cuando las dice un presidente, y construyó parte de su campaña sobre ese argumento. Pero esa misma lógica, aplicada con el mismo rasero, obliga a preguntarse qué señal envían sus propias palabras a quienes decidan ejercer la oposición política durante su gobierno.
La pregunta concreta que las afirmaciones dejan sin responder: ¿Cómo garantizará el gobierno de De la Espriella los derechos constitucionales de la oposición política, consagrados en los artículos 20, 28, 29 y 40 de la Constitución, cuando el presidente electo describió en campaña, con sus propias palabras, condiciones de reclusión ilegales para quienes cuestionaran sus resultados electorales?
