Lo que dijo y por qué lo dijo
La declaración salió en la misma entrevista con Publimetro donde De la Espriella prometió cerrar la embajada en la ONU, en respuesta a una pregunta sobre Gaza. El periodista usó el término "genocidio" y señaló que incluso la ONU lo había empleado, y la respuesta de De la Espriella fue en dos movimientos: primero avaló las operaciones militares de Israel de forma categórica, comparándolas con lo que él mismo haría para defender a Colombia, y luego descartó a la ONU como referente, el mismo organismo cuyo marco legal sostiene los compromisos internacionales que Colombia tiene sobre la materia.
La afirmación no es una posición matizada sobre un conflicto complejo, sino un aval sin condiciones a las acciones de un gobierno sobre el que el más alto tribunal internacional tiene medidas cautelares activas al momento de hacerse la promesa.
Lo que establecen los Convenios de Ginebra
Colombia ratificó los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, que son la base del derecho internacional humanitario y establecen obligaciones que aplican a todos los Estados signatarios, sin importar quién inició el conflicto ni qué justificación invoque el Estado que actúa.
Los principios centrales son tres: distinción, que obliga a diferenciar en todo momento entre combatientes y población civil; proporcionalidad, que prohíbe ataques cuyos efectos sobre civiles sean excesivos respecto al objetivo militar; y prohibición de castigo colectivo, que veda cualquier medida que afecte a una población por las acciones de sus combatientes. El derecho internacional humanitario funciona como las reglas de tránsito: aplican igual al conductor que dice que va de afán y al que dice que tiene la razón. La justificación no suspende la obligación.
La Corte Internacional de Justicia y las medidas cautelares de enero de 2024
El 26 de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU para disputas entre Estados, emitió medidas cautelares en el caso Sudáfrica contra Israel. El tribunal encontró que los derechos palestinos bajo la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio son "plausiblemente" aplicables, y ordenó a Israel tomar todas las medidas a su alcance para prevenir actos que pudieran constituir genocidio y garantizar el acceso humanitario a Gaza.
Una medida cautelar de la CIJ no es una condena, funciona más como una orden de alejamiento judicial: no dice quién tiene la razón final, sino que ordena frenar mientras el tribunal determina el fondo del asunto. Pero es una orden vinculante del más alto tribunal internacional, y Colombia, como Estado signatario de la Carta de la ONU, tiene la obligación de no actuar en contradicción con esas medidas.
La Corte Penal Internacional y las órdenes de arresto de mayo de 2024
En mayo de 2024, el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza. Colombia ratificó el Estatuto de Roma en 2002, lo que significa que la CPI tiene jurisdicción complementaria activa y que el país tiene obligaciones de cooperación con el tribunal.
Avalar de forma categórica y sin condiciones las acciones de un gobierno sobre el que la CPI tiene solicitudes de arresto pendientes no es solo una postura política, sino una señal concreta sobre cómo el gobierno de De la Espriella se relacionaría con el sistema de justicia internacional al que Colombia está vinculada por tratado desde hace más de dos décadas.
La Convención sobre Genocidio y las obligaciones que no dependen de quién gane el debate
Colombia es signataria de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio desde 1959. Lo que hace especial a esta convención es que sus obligaciones son erga omnes, es decir, aplican frente a todos los Estados y no solo frente a las partes directas del conflicto. Eso significa que Colombia, como Estado signatario, tiene la obligación de no ser cómplice de actos que pudieran constituir genocidio y de cooperar con los mecanismos internacionales que investigan esa posibilidad, y esa obligación existe independientemente de la posición política del gobierno de turno.
El debate sobre si lo que ocurre en Gaza constituye o no genocidio es legítimo y sigue abierto en los tribunales internacionales, pero esa apertura es precisamente la razón por la que los tratados existen: para que las obligaciones no dependan de quién tenga el micrófono sino de lo que los jueces determinen.
La pregunta que la afirmación deja abierta
De la Espriella tiene derecho a considerar que las operaciones militares de Israel son una respuesta legítima al terrorismo de Hamás, y esa es una posición que comparten muchos gobiernos del mundo. Pero una cosa es tener esa posición con matices, y otra muy diferente es avalarla de forma categórica mientras Colombia es signataria de los Convenios de Ginebra, la Convención sobre Genocidio y el Estatuto de Roma, y mientras la CIJ tiene medidas cautelares activas y la CPI tiene solicitudes de arresto pendientes sobre los mismos hechos que él avaló.
La pregunta concreta que la afirmación deja sin responder: ¿Cómo piensa el gobierno de De la Espriella gestionar las obligaciones de Colombia bajo los Convenios de Ginebra, la Convención sobre Genocidio y el Estatuto de Roma frente a un conflicto que avaló de forma categórica en campaña, descartando como referente al organismo que administra precisamente esos instrumentos jurídicos?
