En el Consejo de Ministros del 13 de mayo de 2026, el presidente Gustavo Petro interrumpió su exposición sobre pensiones para anunciar un dato que no había aparecido en ningún medio: entre 2020 y 2026, Colombia perdió 18,000 millones de dólares en exportaciones de oro que salieron del país pero nunca fueron registradas. "Aquí tengo un documento sobre el oro que me envían, que voy a hacer público mañana", dijo. El anuncio duró 40 segundos. Ningún canal le dedicó un titular.
Este artículo pone esos 40 segundos en contexto.
Cómo se calcula el oro que desaparece
Los 18,000 millones de dólares no son una estimación política: son el producto de una metodología estándar usada por organismos internacionales como Global Financial Integrity. Se comparan las estadísticas de exportación que Colombia reporta ante el DANE y la DIAN con las estadísticas de importación que los países receptores reportan ante sus propias aduanas. Cuando un país destino dice haber recibido más oro colombiano del que Colombia dice haber exportado, la diferencia es oro no registrado — es decir, oro que salió sin declarar.
Colombia es el quinto productor de oro de América Latina. Sus principales destinos de exportación son Suiza, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Esos tres países tienen sistemas de registro aduanero rigurosos. La discrepancia entre lo que ellos reciben y lo que Colombia reporta es la huella del oro ilegal.
18,000 millones de dólares en seis años equivalen a 3,000 millones anuales — aproximadamente el 0.9% del PIB colombiano por año, o el equivalente al presupuesto anual del Ministerio de Salud. Petro lo puso en términos presupuestales: "Solamente con que no se hubieran robado este oro, Colombia tendría un superávit fiscal."
Cuándo el oro superó a la cocaína
Durante décadas, el narcotráfico fue la principal fuente de financiación de los grupos armados en Colombia. Eso cambió. En marzo de 2026, un informe citado por Infobae documentó que la minería ilegal de oro superó al narcotráfico en ingresos para los grupos armados organizados que operan en el país.
Las cifras por territorio son específicas. En el corredor conformado por Antioquia, sur de Bolívar y Córdoba — la zona de mayor concentración de minería aurífera ilegal del país — los ingresos mensuales ilícitos del sector rondan los 47 millones de dólares. De esa cifra, el Clan del Golfo concentra aproximadamente 33 millones mensuales. El ELN y el Estado Mayor Central reparten los 7 millones restantes en esa región.
En el primer trimestre de 2026, el Estado colombiano intervino 2,086 minas ilegales, un 13.5% más que en el mismo periodo del año anterior. En 2025 se realizaron 6,134 operativos contra minería ilegal — el mayor número desde que existe el registro. El aumento de las intervenciones no ha detenido la expansión del fenómeno: hay más minas ilegales, más organizadas y más rentables que hace cuatro años.
La razón tiene nombre: el precio internacional del oro. En 2024 y 2025, el precio por onza troy alcanzó récords históricos. Lo que antes era un negocio marginal para los grupos armados se convirtió en su principal fuente de ingresos — más predecible que la cocaína, menos perseguida internacionalmente y más fácil de lavar en el sistema financiero formal.
La cadena del lavado: del río al banco
El mecanismo de lavado del oro ilegal en Colombia sigue un circuito documentado. El mineral se extrae en zonas controladas por grupos armados — Chocó, Bajo Cauca antioqueño, sur de Bolívar, Nariño. Lo compran intermediarios que operan como "comercializadoras de oro" formalmente registradas. Esas comercializadoras le venden el oro a exportadores legales, quienes lo declaran ante la DIAN como oro de origen lícito. El exportador obtiene una factura, el grupo armado obtiene el dinero limpio, y el oro sale del país con todos los papeles en regla.
El punto débil de esa cadena — y donde Petro propone intervenir — es la compra inicial. Si el Banco de la República fuera el único comprador autorizado del oro producido por la pequeña minería, el intermediario ilegal desaparecería. El Banco tendría la capacidad técnica para verificar la procedencia del mineral, el volumen producido y la identidad del minero. Las comercializadoras que hoy sirven de puente entre el grupo armado y el mercado internacional quedarían fuera del circuito.
Colombia tuvo ese modelo antes. Hasta los años noventa, el Banco de la República era el comprador obligatorio del oro de los pequeños mineros. La liberalización del mercado en los noventa eliminó ese monopolio y abrió la puerta al esquema actual.
El oro, el conflicto y la paz total
La conexión que Petro trazó en el Consejo de Ministros entre el oro ilegal y el conflicto armado no es nueva en los análisis académicos, pero sí es nueva en términos de política de Estado explícita. El presidente lo formuló con precisión: "El conflicto armado de Colombia ahora se basa no en la política o la diferencia ideológica, sino en las economías ilícitas, que fundamentalmente son cocaína y oro."
Esa lectura tiene implicaciones directas para la paz total. Si el conflicto ya no es ideológico sino económico, negociar cese al fuego o entrega de armas sin tocar la fuente de ingresos del grupo armado produce acuerdos que no se sostienen. Los combatientes pueden firmar, pero la organización criminal que los financia no desaparece: se reorganiza bajo otro nombre o simplemente espera.
El caso del Clan del Golfo es ilustrativo. Sus ingresos del oro en el corredor Antioquia–Córdoba superan lo que cualquier subsidio de reinserción puede ofrecer a sus miembros. Un proceso de paz que no incluya el desmantelamiento de la cadena aurífera ilegal — la mina, el intermediario, la comercializadora, el exportador — no resuelve la economía del conflicto.
Lo que el documento no respondió
Petro dijo en el Consejo de Ministros que tenía un documento que haría público al día siguiente. Ese documento no fue publicado en los canales oficiales de la Presidencia antes del cierre de esta edición. No se conoce quién lo elaboró, qué metodología usó para llegar a la cifra de 18,000 millones, ni qué países destino registraron las discrepancias más grandes.
Lo que sí es verificable con fuentes abiertas es que la escala del problema es real, que los grupos armados que lo controlan están identificados, y que la propuesta del Banco de la República como comprador exclusivo tiene precedente legal en la propia historia de Colombia.
El oro ilegal no es un titular nuevo. Es un titular que lleva años esperando que alguien lo ponga en números. Petro puso los números. El documento que los respalda todavía no es público.
