El hombre más rico de Colombia y su petición a los candidatos
El 28 de abril de 2026, en el marco de la inauguración de una cátedra que lleva su nombre en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Luis Carlos Sarmiento Angulo — fundador del Grupo Aval y el hombre más rico de Colombia — les hizo una petición directa a los candidatos presidenciales: que incluyan el desarrollo de la Altillanura como prioridad en sus programas de gobierno.
A sus 93 años, Sarmiento Angulo describió la Altillanura como "la otra Colombia" — un territorio con extensas llanuras, abundantes ríos y alto potencial productivo que ha permanecido rezagado. Insistió en la necesidad de un "Plan Maestro" que articule al gobierno nacional, la academia y el sector privado.
También hizo un llamado a fortalecer la Fuerza Pública como condición indispensable para el desarrollo de la región: "Sin una Fuerza Pública robusta y visible en todo el territorio, el desarrollo social queda incompleto."
El discurso fue publicado por El Tiempo con amplitud. Lo que El Tiempo no publicó es el contexto que hace necesaria esta nota.
El periódico y su dueño
El Tiempo Casa Editorial es propiedad de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo (OLCSA). El mismo hombre que pide a los candidatos presidenciales que adopten su visión de desarrollo es el propietario del periódico más leído de Colombia.
Luis Carlos Sarmiento Angulo es el principal dueño y accionista del Grupo Aval — holding que reúne los bancos de Bogotá, de Occidente, Popular y AV Villas — y de Corficolombiana, con inversiones en infraestructura vial, energía, agroindustria y aeropuertos. A marzo de 2023, su patrimonio neto se estimaba en 9.900 millones de dólares.
Un conglomerado de esa magnitud tiene contratos, concesiones y regulaciones que dependen directamente de las decisiones del gobierno de turno. Eso no es una opinión — es la descripción de su portafolio de negocios.
La multa que El Tiempo no tituló
El Grupo Aval, del hombre más rico de Colombia, aceptó su responsabilidad ante autoridades de Estados Unidos por los sobornos que pagó con Odebrecht a funcionarios colombianos en el marco del contrato de la Ruta del Sol II.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos encontró que Corficolombiana se unió, entre 2012 y 2015, en una asociación delictuosa para pagar más de 23 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios del gobierno colombiano, con el propósito de obtener el contrato de la Ruta del Sol II.
El conglomerado financiero acordó pagar 80 millones de dólares en multas — divididos entre el DOJ y la SEC — para resolver las investigaciones paralelas sobre sobornos.
La justicia de Estados Unidos no encontró responsabilidad directa en cabeza de Luis Carlos Sarmiento Angulo ni de su hijo. La responsabilidad recayó explícitamente sobre José Elías Melo, el expresidente de Corficolombiana, quien fue condenado en Colombia a 11 años y nueve meses de prisión.
Lo que sí es documentable e incontestable es esto: el Grupo Aval asumió una responsabilidad institucional y reconoció que incurrió en prácticas corruptas.
El Departamento de Justicia encontró que los sobornos alcanzaron a funcionarios de los gobiernos Uribe, Santos y del poder judicial.
El 10 de agosto de 2023, cuando la SEC y el DOJ publicaron su decisión, El Tiempo tituló en su edición digital: "Justicia de EE.UU. deja libre a Grupo Aval." No tituló: "Grupo Aval acepta responsabilidad por sobornos y paga 80 millones de dólares." Esa es una decisión editorial. No es neutral.
La Altillanura y la Ley que incomodaba
Sarmiento Angulo lleva tres décadas pidiendo que el Estado entregue incentivos para desarrollar la Altillanura. Lo que no dice en sus discursos es que sus empresas ya estaban allí — y que llegaron de una manera que el Superintendente de Notariado y Registro calificó como ilegal.
Cerca de 13.000 hectáreas de la Altillanura estaban en manos de empresas del Grupo Sarmiento Angulo — específicamente a través de Organización Pajonales, perteneciente a Corfinanciera. El Superintendente de Notariado y Registro confirmó, en respuesta a un derecho de petición, que esa empresa trasgredió la Ley 160 de 1994.
La Ley 160 de 1994 tiene por objeto regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos. En palabras sencillas: esas tierras son para el campesino pobre, no para el banco más grande del país.
La Contraloría General de la República documentó en un libro publicado los casos de acumulación irregular de predios baldíos en la Altillanura, entre ellos el del Grupo Empresarial Luis Carlos Sarmiento Angulo.
El mecanismo fue siempre el mismo: crear múltiples sociedades para que cada una adquiriera una Unidad Agrícola Familiar y luego consolidarlas — superando con creces el límite legal permitido para un solo propietario.
El plan de desarrollo que cambió la ley
Durante el gobierno Santos se sancionó un Plan Nacional de Desarrollo cuyo capítulo de agricultura levantó la prohibición de adquirir más de una Unidad Agrícola Familiar y fomentó la conformación de Zonas de Desarrollo Empresarial en tierras baldías de la Nación.
Con esa reforma, lo que antes era ilegal quedó legalizado. Y quienes ya tenían tierras en la Altillanura adquiridas por fuera de la ley quedaron cubiertos por el nuevo marco normativo.
La carretera Bogotá-Villavicencio — la única vía que conecta la altillanura con la capital — opera bajo una concesión otorgada a Coviandina, empresa de Corficolombiana. Más tráfico hacia la Altillanura significa más peajes para el Grupo Aval.
Lo que el discurso omite
Cuando Sarmiento Angulo pide a los candidatos presidenciales que pongan la Altillanura en el centro de su agenda, está pidiendo que el Estado invierta en infraestructura, incentivos y seguridad en una región donde su grupo ya tiene intereses consolidados — y donde la concesión vial que conecta esa región con Bogotá le genera utilidades directas.
No es una posición neutral. Es la posición de un empresario que necesita presidente y congresistas para que las condiciones del Estado favorezcan sus inversiones — como lo ha necesitado históricamente.
Lo que el gran capital está más interesado en concentrar que en democratizar la tierra queda demostrado en que, a la hora de la verdad, optó por estructuras jurídicas sofisticadas para evadir la Ley 160 de 1994 — la misma ley que protege el derecho de los campesinos pobres a acceder a tierras baldías.
El Tiempo no cubrió su propia multa como noticia principal. No cubrió la acumulación irregular de tierras baldías de su propietario como investigación editorial. Pero sí cubrió con amplitud el discurso de la Altillanura.
Lo que publican los medios tradicionales sobre desarrollo, contratación pública y política fiscal debe leerse siempre con esa pregunta de fondo: ¿Qué interés económico concreto del propietario de ese medio se ve afectado por esta noticia?
La huella que dejaron es permanente.
