El origen: una familia que pagó con sangre el precio de decir la verdad
Iván Cepeda Castro nació el 24 de octubre de 1962 en Bogotá en el seno de una familia de militantes comunistas. Su madre Yira Castro fue concejal de Bogotá y periodista de Voz Proletaria — perseguida por el gobierno de Turbay por cubrir conferencias guerrilleras. Su padre Manuel Cepeda Vargas fue senador de la Unión Patriótica, el movimiento político que el Estado colombiano exterminó sistemáticamente: más de 3.000 militantes asesinados entre 1984 y 1994.
El 9 de agosto de 1994, Manuel Cepeda fue asesinado en Bogotá por agentes del DAS en alianza con paramilitares. Iván tenía 31 años. Pasó en bus por el lugar del crimen. Esa escena definió el resto de su vida.
En 2010, tras años de investigación, demandas y exilio forzado por amenazas de muerte, obtuvo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el Estado colombiano fue declarado responsable del asesinato de su padre. Fue el primero de muchos documentos que Cepeda convertiría en herramientas de verdad.
Lo que construyó en el Congreso: 16 años de debates que cambiaron la historia
Llegó a la Cámara de Representantes en 2010 con un balde, una escoba y un trapero. Su promesa fue lavar la cara de un Congreso manchado por la corrupción uribista. No fue retórica.
En 2012 citó el primer debate de control político sobre los nexos de Álvaro Uribe con el paramilitarismo en Antioquia — cuando era gobernador. Nadie lo había hecho con esa contundencia desde una curul. El establecimiento intentó bloquearlo. El uribismo presentó una recusación diciendo que Cepeda tenía "intereses personales". La Comisión Segunda aprobó el debate de todas formas.
En 2014, con Uribe electo senador, Cepeda lo confrontó directamente en plenaria sobre sus vínculos con narcotraficantes y paramilitares. Uribe no pudo responder los documentos. Se levantó del recinto, interpuso una demanda contra Cepeda ante la Corte Suprema por presunta manipulación de testigos y abandonó el debate.
La Corte investigó el caso durante años. Concluyó que no había evidencia contra Cepeda. Y en cambio encontró que Uribe sí había manipulado testigos a través de su abogado Diego Cadena para que declararan en contra de Cepeda. Ese proceso duró más de diez años — terminó con Uribe en detención domiciliaria, luego renunciando al Senado, y en julio de 2025 con una jueza declarándolo culpable de fraude procesal y soborno.
Cepeda inició esa batalla en 2012 con documentos. La justicia le dio la razón trece años después.
Los debates que nadie más hacía
Durante 16 años en el Congreso, Cepeda realizó más de 40 debates de control político de alto impacto. Algunos de los más relevantes documentados en actas del Senado:
Despojo de tierras en los Montes de María — primer debate como representante en 2010. Falsas desmovilizaciones y nuevos paramilitares — cuando el establishment afirmaba que el paramilitarismo estaba liquidado. Nexos de Uribe con el narcotráfico — con nombres, fechas y documentos en cada intervención. Falsos positivos — señaló a militares específicos cuando aún nadie usaba ese término en el Congreso. Yidispolítica — documentó el esquema de compra de votos para la reelección de Uribe. Chuzadas del DAS — expuso el sistema de interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas y opositores.
Cada uno de esos debates tenía documentos de respaldo. Ninguno fue opinion libre. Esa es la diferencia que define a Cepeda como congresista.
La Ley 1719 — lo que queda cuando se actúa
En 2014 impulsó y logró la aprobación de la Ley 1719 — la primera ley colombiana contra la impunidad en casos de violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado. Miles de mujeres víctimas tienen hoy un marco legal gracias a ese proyecto. Es su huella legislativa más concreta y la que menos se menciona cuando se habla de él.
El facilitador de paz: lo que logró y lo que no pudo
Fue facilitador del Acuerdo de Paz con las FARC entre 2012 y 2016 — el proceso que culminó con la firma en La Habana y que la Corte Interamericana reconoció como histórico. Sin ese acuerdo no existiría la JEP que documentó los 7.837 falsos positivos.
Entre 2022 y 2024 participó en la mesa de negociación con el ELN durante el gobierno Petro. La mesa no llegó a un acuerdo — el ELN se negó a renunciar al secuestro y en septiembre de 2024 atacó una base militar en Arauca. Cepeda no lo niega. Lo que sostiene es que el camino de la paz negociada sigue siendo el único que Colombia no ha agotado completamente.
El candidato que no le huye al legado de Petro
Cepeda es aliado del presidente Petro. No lo oculta. Reconoce que el gobierno cometió errores y que hay casos de corrupción que deben investigarse. Lo que no hace es convertirse en megáfono de la narrativa de la derecha sobre esos errores — exactamente como hicieron con su padre cuando era senador.
Su propuesta es continuar el proyecto de transformación social con más rigor institucional — más reforma agraria, más educación pública, más salud universal, más verdad sobre el conflicto armado. Los datos del DANE que Huella Pública ya documentó respaldan que ese proyecto tuvo resultados concretos: la pobreza más baja desde 2012, el desempleo más bajo en dos décadas, 900.000 jóvenes estudiando gratis.
Lo que los medios tradicionales no cuentan
El Colombiano, El Tiempo e Infobae han construido el relato de un Cepeda cómplice por silencio. Sus dueños — el GEA antioqueño, Sarmiento Angulo, los Gilinski — son exactamente los actores que Cepeda ha investigado y señalado durante 16 años en el Congreso. Que esos medios lo presenten como sospechoso no es periodismo. Es defensa propia.
La pregunta que Colombia debe hacerse antes del 31 de mayo no es qué calló Cepeda sobre Petro. Es qué habría pasado si nadie hubiera hecho los debates que Cepeda hizo. Si nadie hubiera llevado a Uribe al banquillo. Si nadie hubiera documentado los 7.837 falsos positivos cuando el establecimiento los llamaba bajas en combate.
La huella que dejó es permanente.
