En Piso 8 FM, mientras respondía una pregunta sobre la JEP, Abelardo De la Espriella fue preciso: "Eso hay que eliminarlo y hay que devolverle la plata que ese antro le cuesta al bolsillo del pueblo colombiano —más de 1.4 billones de pesos al año." En la misma entrevista, al evaluar el resultado del proceso de paz de 2016, agregó: "Hoy hay cuatro FARC más con 27,000 hombres en armas. ¿Te parece que eso es un éxito?" Dos números en el mismo programa. Los dos verificables. Los dos profundamente inexactos.
El presupuesto que el decreto contradice
El Decreto 1523 de 2024 —el decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación para ese año— asigna a la Jurisdicción Especial para la Paz, Sección 25, una apropiación de 777,069 millones de pesos. No 1.4 billones: 777,069 millones. Poco más de la mitad de la cifra que el candidato presenta como dato indiscutible.
La diferencia no es un redondeo. Entre 777,069 millones y "más de 1.4 billones" hay una brecha de más de 622,000 millones de pesos: el candidato infla el costo de la institución en un 80%. Para poner en escala lo que eso representa, 622,000 millones es aproximadamente el doble del presupuesto anual que el Estado destina al programa Colombia Mayor —el subsidio a adultos mayores en pobreza extrema que el propio De la Espriella dice querer fortalecer.
El marco legal que habilita el presupuesto de la JEP está en la Ley 1957 de 2019, el Estatuto de la Administración de Justicia en la JEP, que estableció la estructura institucional del tribunal, su nómina de magistrados y su régimen presupuestal. Ninguna partida en ese estatuto ni en ningún decreto de liquidación posterior se acerca a los "1.4 billones" que el candidato cita sin fuente.
Con 777,069 millones —la cifra real—, la JEP financia la investigación activa de 24 macrocasos que documentan crímenes de más de cinco décadas: reclutamiento de 18,677 niños verificado y reconocido por los propios exjefes guerrilleros; 7,837 ejecuciones extrajudiciales establecidas en el Caso 03; verdad sobre desapariciones que el sistema ordinario dejó impunes durante decenios. Para un candidato que quiere "devolver esa plata", la magnitud del trabajo producido con ese presupuesto forma parte de la ecuación que omite.
El propósito de la exageración es claro en el contexto de la frase: si la JEP "cuesta 1.4 billones", el ahorro de eliminarla parece enorme y urgente. Si cuesta 777,069 millones, el argumento existe pero pierde fuerza. La cifra inflada no es imprecisión: es el instrumento del argumento.
Los 27,000 hombres que ningún analista ha contado
Tres minutos después del dato sobre el presupuesto, De la Espriella describió el resultado del proceso de paz en estos términos: "Se desmovilizó una FARC y se fueron esos bandidos al Congreso cuando deberían estar extraditados [...] Y hoy hay cuatro FARC más con 27,000 hombres en armas."
Indepaz —el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, que monitorea los grupos armados con presencia de campo y metodología verificada— documentó en su informe de 2024 entre 6,000 y 9,000 combatientes en el conjunto de organizaciones derivadas del proceso de 2016: el Estado Mayor Central (las disidencias lideradas por Iván Mordisco) y la Segunda Marquetalia (bajo el mando de alias Calarcá, sucesor de Iván Márquez). La Fundación Ideas para la Paz maneja estimaciones en el mismo rango.
De la Espriella triplica esa cifra. Y hay un detalle que hace la distorsión más evidente: la FARC original —la organización que existió durante más de cinco décadas y fue la guerrilla más grande del hemisferio occidental— nunca superó los 20,000 combatientes en su momento de mayor poder, a finales de los años noventa. El candidato atribuye a los grupos disidentes post-acuerdo, con estructuras logísticas y territoriales mucho menores, una capacidad de fuego que la FARC histórica nunca alcanzó.
El número importa porque de él depende la política. Si hay 27,000 hombres en armas, el argumento de que el proceso de paz "fracasó por completo" tiene una fuerza que 8,000 combatientes no le dan, aunque 8,000 combatientes armados sean un problema grave que merece respuesta seria. Inflar la cifra no solo distorsiona el diagnóstico: elimina la posibilidad de diseñar una política proporcional al problema real.
El patrón de los números sin fuente
No es la primera vez en esta serie. En los artículos anteriores, las cifras de hectáreas de coca ("más de 330,000" frente a los 230,437 del SIMCI 2024) siguieron el mismo patrón: el número que De la Espriella cita siempre excede al número verificable, y siempre en la dirección que justifica la política que propone. La coca más abundante justifica la fumigación más agresiva. La JEP más costosa justifica eliminarla. Los guerrilleros más numerosos justifican la mano más dura.
Que cada cifra apunte siempre en la misma dirección —más grande, más cara, más peligrosa que lo que los documentos muestran— no es casualidad estadística. Es el método.
