En el Consejo de Ministros del 13 de mayo de 2026, el presidente Gustavo Petro hizo una afirmación que no apareció en ningún titular: el gobierno de Iván Duque declaró haber erradicado 130,000 hectáreas de coca en el año 2021, y el mapa satelital no muestra una sola hectárea erradicada. "¿Dónde quedó el dinero? ¿Por qué la Fiscalía no investiga?", preguntó Petro ante los ministros.
Este artículo contrasta esa afirmación con los datos verificables.
La cifra que Duque presentó y el satélite desmintió
La erradicación forzada de cultivos de coca en Colombia se mide por dos vías: los reportes del gobierno, que contabilizan las hectáreas intervenidas por los grupos de erradicación manual y la aspersión aérea, y el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la UNODC, que usa imágenes satelitales para medir la extensión real de los cultivos en un momento determinado.
El gobierno de Duque reportó cifras récord de erradicación durante su mandato. En 2021, el año más ambicioso, declaró haber erradicado 130,000 hectáreas. Si esa cifra fuera real, el mapa satelital debería mostrar esa reducción.
No la muestra. Al cierre del gobierno Duque en agosto de 2022, la UNODC registró 204,000 hectáreas de coca en Colombia — el nivel más alto desde que existe el registro histórico. Entre 2018 y 2022, los cultivos crecieron un 60%. La erradicación masiva que el gobierno declaró y facturó no produjo ninguna reducción verificable en los mapas satelitales.
La explicación que suele darse es el "efecto globo": se erradica en un municipio y el cultivo migra a otro. Pero ese argumento explica por qué la erradicación no reduce el total nacional — no explica por qué las hectáreas declaradas como erradicadas no aparecen como tales en el satélite. Son dos problemas distintos. El primero es un problema de política. El segundo es un problema de veracidad.
El dinero de 130,000 hectáreas que nadie ha investigado
La erradicación manual forzada en Colombia tiene un costo documentado. Según cifras históricas del Ministerio de Justicia y del Departamento Nacional de Planeación, el costo por hectárea erradicada de forma manual oscila entre 1,500 y 3,000 dólares, dependiendo de la zona y las condiciones de seguridad. La erradicación en zonas de conflicto activo puede superar ese rango.
130,000 hectáreas al costo mínimo equivalen a 195 millones de dólares. Al costo promedio, a cerca de 325 millones. Esos recursos provienen de una combinación de presupuesto nacional colombiano y cooperación internacional, principalmente de Estados Unidos a través de la Iniciativa Anti-Narcóticos.
Si las hectáreas no fueron erradicadas, el dinero destinado a erradicarlas debió ir a algún lado. La Fiscalía General de la Nación no ha abierto investigación pública sobre la discrepancia entre las cifras del gobierno Duque y los datos satelitales de la UNODC. La Contraloría General tampoco ha publicado un hallazgo fiscal al respecto. La pregunta que Petro lanzó en el Consejo de Ministros no tiene respuesta institucional conocida.
Los números de Petro que sí aparecen en los mapas
El gobierno Petro presentó sus propias cifras de erradicación en el Consejo de Ministros del 13 de mayo de 2026, con una diferencia metodológica explícita: las mide en dos columnas, las que el gobierno cuenta manualmente y las que la UNODC verifica de forma independiente.
Las cifras del gobierno al momento de la presentación: 39,000 hectáreas erradicadas voluntariamente, con 10,000 adicionales en proceso — para un total de 49,000 en la ruta de erradicación. De esas 39,000, 22,000 ya aparecen en el mapa satelital de finales de 2025. Y la UNODC, que entró al proceso de certificación independiente, lleva 7,000 hectáreas certificadas hasta la fecha del Consejo.
Petro reconoció la diferencia entre sus cuentas y la certificación externa: "Nuestras cuentas manuales hoy indican 39,000. De ellas, 22,000 ya aparecen en el mapa satelital. La UNODC que ahora entra al proceso a certificar ya lleva 7,000 certificadas." Es decir, el gobierno presenta su cifra, señala cuánto está verificado por satélite y cuánto ha sido certificado por un organismo externo. Esa transparencia metodológica no estuvo presente en los reportes del gobierno anterior.
La zona donde la erradicación voluntaria ha tenido mayor efecto es el sur de Colombia. Allí, según Petro, la tasa de homicidios se ha desplomado en paralelo con la reducción de cultivos — consistente con la tesis de que donde el campesino tiene una alternativa legal, el cultivo ilegal y la violencia que lo rodea disminuyen juntos.
El informe que estuvo represado dos años
Mientras el gobierno Petro y el gobierno de Estados Unidos discutían las cifras de coca, la UNODC tenía un informe SIMCI sin publicar. En abril de 2026, el gobierno colombiano aprobó la publicación de ese informe — el último reporte oficial había sido publicado dos años antes, correspondiente a datos de 2022.
El informe para 2024, publicado con metodología actualizada, registró 262,000 hectáreas — un aumento del 3.56% frente a las 253,000 del año anterior. El gobierno Petro disputó la lectura: según el presidente, de esas 262,000 hectáreas, 80,000 corresponden a zonas abandonadas que el SIMCI todavía registra como activas, y 22,000 están en proceso de sustitución hacia cultivos legales. Esa discusión metodológica entre el gobierno y la UNODC fue el telón de fondo del Consejo de Ministros del 13 de mayo.
El gobierno y la UNODC acordaron publicar en junio de 2026 un informe actualizado con metodología revisada para medir la producción potencial de cocaína — la cifra que más le importa a Estados Unidos para sus decisiones de certificación antidrogas.
Treinta años de erradicación forzada: el balance
Entre 1994 y 2023, Colombia erradicó de forma forzada un total acumulado de 2,923,316 hectáreas de coca, según datos históricos del Ministerio de Justicia. Colombia produce hoy el 70% de la cocaína que se consume en el mundo, según un informe de The Economist citado por medios colombianos en 2026.
Esa proporción no es nueva. La erradicación forzada acumulada de casi tres millones de hectáreas no redujo la producción de cocaína ni la participación de Colombia en el mercado global. Lo que cambió fue el territorio: los cultivos se movieron, se fragmentaron, se hicieron más difíciles de detectar y más resistentes a la intervención estatal.
La conclusión que el gobierno Petro extrae de ese historial — y que presentó en el Consejo de Ministros como fundamento de su política — es que la única erradicación que produce reducción sostenible es la voluntaria, la que ocurre cuando el campesino tiene una alternativa económica real. Los datos del sur de Colombia, donde la sustitución voluntaria coincide con la caída de homicidios, son la evidencia que el gobierno cita. Los 130,000 hectáreas del gobierno Duque que no aparecen en ningún mapa son la evidencia que nadie ha querido investigar.
