Una cifra que el país necesita conocer completa
El 29 de abril de 2026, en el espacio de constancias de la plenaria del Senado, la senadora Beatriz Lorena Ríos Cuéllar tomó el micrófono para hablar de los niños. No de cifras abstractas ni de debates presupuestales — de decisiones que destruyeron vidas. La senadora citó la imputación reciente de la Jurisdicción Especial para la Paz en el macrocaso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de menores por parte de las extintas FARC: 1.559 casos documentados en esa imputación específica, como parte de un universo total que la JEP ha establecido en 18.677 niños, niñas y adolescentes reclutados forzosamente entre 1971 y 2016.
Cada cifra es una infancia destruida. Eso lo dijo Ríos en el recinto y merece ser dicho sin eufemismos.
Pero la constancia de la senadora contó la historia a medias — y la mitad que faltó es precisamente la más relevante para entender en qué punto está Colombia hoy frente a ese crimen de guerra.
Quién es Lorena Ríos y desde dónde habla
Beatriz Lorena Ríos Cuéllar es senadora por el partido Colombia Justa Libres para el período 2022-2026, elegida como la candidata más votada de esa colectividad en su momento. Es abogada especializada en derecho ambiental y magíster en derecho administrativo de la Universidad del Rosario. Durante más de veinte años fue asesora jurídica de iglesias y confesiones religiosas, y es una de las voces más activas del sector cristiano evangélico en el Congreso colombiano.
Su trayectoria legislativa en este período incluye haber votado el archivo de la reforma a la salud del gobierno Petro en 2024 y el archivo de la reforma laboral en 2025 — dos de las iniciativas centrales del programa de gobierno del Pacto Histórico. Colombia Justa Libres no hace parte de la coalición de gobierno. Ríos habla desde la oposición, aunque con un tono diferente al del Centro Democrático: su agenda se centra en la niñez, la familia y los valores religiosos, no en el ataque frontal al ejecutivo.
En este caso, el tema que eligió para su constancia — el reclutamiento infantil — no es un ataque al gobierno Petro. Es un señalamiento a las extintas FARC y al proceso de justicia transicional. Pero incluso en ese señalamiento hay una historia más compleja que su intervención no contó.
Lo que la JEP documentó: la magnitud real del crimen
La Sala de Reconocimiento de Responsabilidad de la JEP lleva años construyendo el expediente del macrocaso 07. Lo que ha establecido con documentación verificable es devastador en su precisión:
- 18.677 casos de reclutamiento forzado de menores documentados, perpetrados por las extintas FARC entre 1971 y 2016.
- Al menos el 30% de los menores reclutados tenían menos de 15 años al momento del reclutamiento.
- El 24% de las víctimas reportaron haber sido objeto de violencia de género.
- El 35% de las mujeres reclutadas señalaron haber sido víctimas de abuso sexual.
- El 28% de los menores reclutados están desaparecidos.
Estos números no son proyecciones ni estimaciones. Son el resultado de años de recopilación de testimonios, pruebas y versiones ante la magistrada relatora del caso, Lily Andrea Rueda Guzmán. La JEP imputó en noviembre de 2024 a seis exintegrantes del último secretariado de las FARC como máximos responsables: Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo y Jaime Alberto Parra.
En abril de 2026, la misma JEP imputó a 20 exintegrantes más de las FARC — mandos medios de los bloques Oriental, Sur, Noroccidental, Caribe, Magdalena Medio y Comando Conjunto Central — como máximos responsables en 1.559 casos específicos de reclutamiento. Esa imputación del 29 de abril es la que Ríos citó en su constancia ese mismo día.
Lo que la senadora no dijo: los exjefes ya reconocieron todo
Aquí está la parte que la constancia de Ríos dejó fuera, y que cambia completamente el marco de la situación.
El 27 de enero de 2026, los siete exintegrantes del último secretariado de las FARC imputados por la JEP firmaron una carta dirigida al tribunal. En ese documento, que ya reposa en el expediente del macrocaso 07, los exjefes guerrilleros reconocieron de manera explícita su responsabilidad en los miles de reclutamientos forzados de menores y en los crímenes conexos cometidos contra ellos.
La carta, firmada por Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra, dice textualmente que reconocen de manera clara la ocurrencia de todos los hechos y conductas que se les atribuyen, y que ese reconocimiento como partícipes determinantes es pleno y deja sin efecto cualquier afirmación anterior que pudiera interpretarse en sentido contrario.
Es la primera vez en la historia del conflicto armado colombiano que las antiguas FARC reconocen formalmente, ante un tribunal, haber implementado una política criminal sistemática de reclutamiento forzado de más de 18.000 niños. La magistrada Rueda Guzmán lo describió con precisión: nada de lo que hagamos devolverá la infancia arrebatada. Pero el reconocimiento es un paso inédito en el camino de la justicia transicional.
El proceso de paz como herramienta, no como obstáculo
Este es el punto que la constancia de Ríos, pronunciada desde una bancada opositora al proceso de paz, no podía concluir: el macrocaso 07 existe porque existe la JEP. Y la JEP existe porque existe el Acuerdo de Paz de 2016.
Sin ese acuerdo — que la derecha colombiana, incluyendo el partido de Ríos, rechazó en el plebiscito de octubre de 2016 — estos 18.677 casos no tendrían un tribunal especializado que los investigara, no habría imputaciones formales contra los exjefes guerrilleros, no habría reconocimientos firmados de responsabilidad, no habría un expediente construido con pertinencia étnica que llegó hasta las comunidades indígenas del Vaupés para notificarles sus derechos como víctimas.
El reclutamiento infantil por las FARC fue un crimen de guerra sistemático. Nombrarlo con todas sus cifras y su horror es obligatorio. Pero nombrarlo sin reconocer que el único mecanismo que ha logrado que sus perpetradores lo admitan formalmente es el proceso de paz — ese que la oposición quiso tumbar — es contar solo la mitad de una historia que las víctimas merecen completa.
Lo que el documento dejó establecido
La JEP documentó 18.677 casos de reclutamiento forzado de menores por las extintas FARC. Los exjefes guerrilleros lo reconocieron por escrito en enero de 2026. Hay imputaciones formales contra 26 exintegrantes. El proceso avanza. Las víctimas tienen por primera vez un tribunal que les escucha, un expediente que los nombra y un reconocimiento que ningún gobierno anterior les había garantizado. La huella de ese crimen es permanente. También lo es la del proceso que hoy obliga a sus responsables a responder por él.