La cifra que Colombia no quería escuchar
El 27 de abril de 2026, en una audiencia de la JEP en Apartadó, Antioquia, el magistrado Pedro Elías Díaz Romero anunció lo que muchos en el establecimiento político preferirían ignorar: los falsos positivos en Colombia no son 6.402. Son 7.837.
El incremento del 22% frente al registro anterior responde a dos factores: la ampliación del período de análisis, que pasó de 2002-2008 a 1990-2016, y la incorporación de nuevas bases de datos — informes de la Procuraduría, la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica y cerca de mil informes adicionales de víctimas que no habían sido considerados en el primer consolidado.
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, fue enfático: la cifra de 6.402 siempre fue provisional. "Siempre hemos dicho que esa cifra es un universo provisional de hechos, algo que puede cambiar." Y cambió. Para arriba.
La JEP advirtió que esta cifra tampoco es definitiva. Se estima que el número seguirá aumentando a medida que avancen las versiones voluntarias de los comparecientes y se contrasten nuevos informes de víctimas en otras regiones del país.
Quiénes fueron y cómo los mataron
La JEP identificó cuatro modalidades principales en estos crímenes: asesinatos de civiles señalados sin pruebas, engaños con falsas ofertas laborales, homicidios de combatientes fuera de combate y ejecuciones oportunistas para inflar resultados operacionales.
Las víctimas eran en su mayoría jóvenes pobres o personas con discapacidad. Los captaban con falsas promesas de empleo. Los trasladaban a otras regiones del país. Los ejecutaban. Los uniformaban con ropa de guerrilleros. Y los presentaban como bajas en combate ante sus superiores — superiores que medían el desempeño de sus unidades por el número de muertos.
En el video de Canal Congreso que sirvió de insumo para este artículo, un ex compareciente ante la JEP lo dijo con precisión: en 2007 firmó un acta de compromiso para entregar entre 20 y 25 muertos. "Ya no dijeron, 'No, usted me da tanta captura, no, sí es muerto.' Luego de que la brigada llevaba 98 o 99 muertos, el comandante dijo: 'Coronel Torres, ya la cuota no son 100, son 130.'"
El teniente coronel Germán Alberto León, en su reconocimiento ante la JEP, aceptó responsabilidad directa en al menos 30 crímenes y enumeró a sus víctimas por nombre en audiencia pública. Nombre por nombre. Cuerpo por cuerpo. Algunos identificados. Otros sin identificar aún.
Los números detrás de los nombres
Solo en Antioquia se registraron aproximadamente 1.932 víctimas de muertes ilegítimas presuntamente atribuibles a la fuerza pública entre 1990 y 2016.
En el macrocaso 03, la Sala de Reconocimiento ha vinculado a 40 máximos responsables pertenecientes a la Cuarta Brigada y seis batallones. Mientras los comandantes de brigada no han aceptado responsabilidad, siete de once comandantes de batallón sí lo hicieron.
Una sentencia en el subcaso de la Costa Caribe sancionó a 12 comparecientes por su máxima responsabilidad en 135 asesinatos y desapariciones — un promedio de 11 crímenes por compareciente. Según el video de Canal Congreso, solo cuatro generales y 35 oficiales y suboficiales cometieron 442 falsos positivos — lo que significa aproximadamente 12 víctimas por oficial.
Solo en el macrocaso 03, la JEP ha recibido testimonios de 867 exintegrantes de la fuerza pública. Cada testimonio es una pieza del rompecabezas más grande de la historia reciente de Colombia.
Los paramilitares también participaron
El video de Canal Congreso incluyó el testimonio del exparamilitar alias Chatarro, quien reveló que los falsos positivos no fueron exclusivamente militares — las autodefensas también proveían víctimas al Ejército. En sus palabras: "La política era llega con una necesidad. Decía el capitán Rivera: 'A nosotros nos miden con baldados de sangre.' Ellos querían que nosotros nos desgastáramos trayendo personas y después ellos los daban de baja como guerrilleros."
En el curso de las versiones de los comparecientes, se logró determinar la coordinación entre grupos paramilitares y unidades del Ejército Nacional de la Decimoséptima Brigada en la región de Urabá durante los años 2004 y 2005. La masacre de La Resbalosa — cuatro menores de edad y cuatro adultos asesinados el 21 de febrero de 2005 en Apartadó — fue el marco de la audiencia donde se reveló la nueva cifra.
Los intentos de silenciar la verdad
Sobornos de hasta 20 millones de pesos, amenazas de muerte, atentados y presiones psicológicas son los mecanismos que, según denunciantes, buscan que los comparecientes guarden silencio o asuman individualmente la responsabilidad por los crímenes, mientras la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP evalúa riesgos y asigna medidas de protección.
Un militar denunció que un coronel retirado lo presionó para no testificar, condicionando el acceso a su pensión. El 19 de marzo, la defensa del general retirado Paulino Coronado — el oficial de mayor rango que ha reconocido su participación en ejecuciones extrajudiciales — denunció que hombres encapuchados armados ingresaron a su residencia en Cúcuta.
Alguien no quiere que la verdad complete su recorrido.
La propuesta que la cifra hace imposible
El mismo día en que la JEP anunciaba que los falsos positivos son 7.837, Paloma Valencia reiteraba su propuesta de nombrar a Álvaro Uribe Vélez como Ministro de Defensa en caso de ganar la presidencia el 31 de mayo.
El presidente de la JEP señaló que no se descarta que los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos puedan rendir una declaración voluntaria ante la JEP en el expediente del macrocaso 03.
La propuesta de Valencia no es solo una declaración política. Es una ecuación que los documentos de la JEP vuelven imposible de sostener sin explicación: el hombre que la JEP podría citar a declarar por los crímenes cometidos bajo su comando sería nombrado Ministro de Defensa — la cartera que supervisa el Ejército cuyos miembros comparecen ante ese mismo tribunal.
La senadora Esmeralda Hernández lo dijo en el recinto el mismo día: no fueron 6.402. Son 7.837. Y la pregunta que esa cifra impone no es retórica — es institucional. ¿Quién responde?
Lo que los documentos establecen
Los 7.837 son una cifra provisional que seguirá creciendo. Cada nuevo testimonio, cada nuevo informe de víctimas, cada audiencia territorial suma. Lo que no suma es la propuesta de poner al mando de la institución investigada al presidente bajo cuyo gobierno ocurrió la mayoría de estos crímenes.
La JEP existe. El macrocaso 03 existe. Los 867 testimonios de exmilitares existen. La masacre de La Resbalosa existe. El acta de compromiso para entregar 130 muertos existe. La cifra de 7.837 existe.
La huella que dejaron es permanente.
