El 6 de mayo de 2026, en el programa Piso 8 FM, la periodista le preguntó a Abelardo De la Espriella por la Jurisdicción Especial para la Paz. La respuesta duró menos de dos minutos. En ese tiempo, el candidato presidencial calificó la JEP como una «farsa», afirmó que fue «ideada para lavarle las manos sucias de sangre al narcoterrorismo», sostuvo que «los únicos perseguidos» son los miembros de la fuerza pública, negó que los comandantes de la FARC hayan enfrentado consecuencia alguna, y cifró el costo del tribunal en «más de 1.4 billones de pesos al año».
Cuatro afirmaciones. Cuatro verificaciones. Este es el expediente.
Las afirmaciones, transcritas
La secuencia completa ocurre entre los minutos 42:41 y 44:47 de la entrevista emitida en vivo el 6 de mayo de 2026 (144.977 visualizaciones). La transcripción es literal:
«La JEP es un directorio político que quiere parecer un tribunal. Eso es una farsa que fue ideada para lavarle las manos sucias de sangre al narcoterrorismo y perseguir a los héroes de la patria. Eso hay que eliminarlo y hay que devolverle la plata que ese antro le cuesta al bolsillo del pueblo colombiano: más de 1.4 billones de pesos al año.» (min. 42:48)
«En mi gobierno la JEP tiene conmigo [...] voy a hacer todo lo que esté en el marco de la Constitución y la ley para eliminar ese bodrio.» (min. 43:58)
Cuando la periodista le preguntó si las ejecuciones extrajudiciales también le parecían una mentira, De la Espriella respondió:
«No, es que no ha habido justicia real.» (min. 44:10)
Y remató con la afirmación que define el eje de este artículo:
«Los únicos que han perseguido ahí son a los miembros de la fuerza pública, porque a los bandidos criminales de esa humanidad de la FARC no les ha pasado nada. Ni siquiera la plata han tenido que devolver.» (min. 44:30)
Eso es lo que dijo. Ahora, lo que dice el expediente.
Afirmación 1 — «La JEP es una farsa»
VEREDICTO: DISTORSIÓN DELIBERADA
La Jurisdicción Especial para la Paz no es una invención de un gobierno ni una decisión unilateral del Estado colombiano. Es una institución creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 —una reforma constitucional aprobada por el Congreso de la República— y reglamentada por la Ley Estatutaria 1957 de 2019. Su constitucionalidad fue examinada y respaldada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-674 de 2017.
No es, por tanto, una norma ordinaria que un presidente pueda «eliminar» mediante decreto. Eliminar la JEP requeriría un nuevo acto legislativo —es decir, una reforma constitucional aprobada por dos legislaturas consecutivas— y enfrentaría, de manera previsible, la oposición de la Corte Constitucional y de los organismos internacionales de derechos humanos que avalan el Acuerdo Final. El propio De la Espriella usó la frase «en el marco de la Constitución y la ley» para anunciar su eliminación: esa restricción, si se respeta literalmente, hace inviable la promesa.
La JEP fue además una condición negociada con las víctimas. Las organizaciones de familiares de los 7.837 civiles asesinados y presentados como bajas en combate —los llamados «falsos positivos»— participaron en el diseño del sistema transicional y presionaron para que existiera un tribunal con competencia sobre crímenes de la fuerza pública. Llamar «farsa» a la institución que ellos ayudaron a construir como condición para saber dónde están sus muertos no es una posición política: es una negación de su existencia como víctimas.
Afirmación 2 — «Fue ideada para lavarle las manos al narcoterrorismo y perseguir a los héroes de la patria»
VEREDICTO: FALSO
La JEP tiene jurisdicción sobre todos los actores del conflicto armado: combatientes de la antigua FARC-EP, miembros de la fuerza pública, agentes del Estado y, en algunos casos, terceros civiles. No fue diseñada contra un solo actor.
El Caso 03 —«Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate»— investiga a miembros de la fuerza pública por el asesinato sistemático de civiles entre 1990 y 2016. La JEP reconoció en su auto de determinación de hechos y conductas de febrero de 2021 que al menos 7.837 personas fueron asesinadas de esta manera. Identificó una cadena de mando que generó presión institucional por «resultados» —medidos en cadáveres— y señaló a diez excomandantes militares como máximos responsables de haber ordenado, tolerado o estimulado las ejecuciones. Tres de esos excomandantes han comparecido voluntariamente ante el tribunal para dar versiones.
Que este caso investigue a militares no convierte al tribunal en un instrumento de persecución. Convierte al tribunal en lo que es: una jurisdicción que investiga los crímenes que ocurrieron. Los 7.837 muertos documentados en el Caso 03 no son una imputación política: son el conteo mínimo establecido por el propio Estado colombiano a partir de casos judiciales abiertos en la Fiscalía ordinaria, registros del INMLCF y bases de datos del CINEP y Human Rights Watch (informe «Dying for Drugs», 2006).
Describir eso como «perseguir a los héroes de la patria» equivale a afirmar que los 7.837 civiles asesinados no merecen que alguien sea responsable de su muerte.
Afirmación 3 — «A los de la FARC no les ha pasado nada»
VEREDICTO: FALSO — con fecha y expediente
Esta es la afirmación que menos puede sostenerse, y no porque sea imprecisa: es porque De la Espriella la pronunció en mayo de 2026, ocho meses después de que la JEP emitiera la primera condena histórica de Colombia contra la cúpula guerrillera.
El 16 de septiembre de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz dictó sentencia contra el último Secretariado de las FARC-EP. Los siete excomandantes —entre ellos Rodrigo Londoño («Timochenko»), Pablo Catatumbo e Iván Márquez en rebeldía— fueron declarados responsables de más de 21.000 secuestros y condenados a ocho años de sanciones propias: trabajo en desminado, búsqueda de personas desaparecidas y reparación simbólica en los territorios afectados. El gobierno nacional destinó 260.000 millones de pesos para la ejecución de esas sanciones restaurativas —tanto por los secuestros como por los falsos positivos— y transfirió los primeros 20.000 millones en agosto de 2025 para arrancar las diligencias contra exFARC y militares retirados.
Esta no es información reservada ni de difícil acceso. La sentencia fue cubierta por CNN en Español, Infobae, todos los noticieros nacionales y el propio portal de la JEP. De la Espriella afirmó «a los de la FARC no les ha pasado nada» ante las cámaras de un programa digital en mayo de 2026, cuando ese hecho llevaba ocho meses en el registro público.
El propio De la Espriella aportó inadvertidamente más evidencia. Cuando la periodista le señaló que la JEP había forzado a las FARC a reconocer el reclutamiento de 18.000 menores, él respondió: «¿Te parece que criminales de lesa humanidad como los miembros de la FARC deben estar libres haciendo política?» La pregunta confirma que conoce los reconocimientos. Lo que rechaza no es el hecho, sino el modelo de pena. Eso es una posición política legítima. Pero decir «no les ha pasado nada» después de una condena histórica no es una posición política: es un enunciado factualmente falso.
Registro completo de consecuencias verificables para actores de la antigua FARC-EP en la JEP:
- Primera condena histórica (sep. 2025): todo el Secretariado declarado responsable de 21.000+ secuestros; sanción de ocho años de trabajo restaurativo con ejecución presupuestal activa.
- Caso 01 — Reconocimiento formal: por primera vez en la historia del conflicto, los perpetradores reconocieron públicamente ante las víctimas el número y las condiciones de los cautiverios.
- Pérdida de curules: Iván Márquez y Jesús Santrich perdieron sus asientos en el Congreso por incumplir sus obligaciones con la JEP. El tribunal aplicó sus mecanismos de sanción.
- Restricciones de elegibilidad: los firmantes que no cumplan sus obligaciones ante la JEP no pueden ejercer cargos de elección popular.
- Reparación económica obligatoria: el Acuerdo Final condiciona las sanciones propias al cumplimiento de la obligación de reparar a las víctimas. El incumplimiento extingue los beneficios del sistema.
La justicia transicional no es justicia punitiva. Ese debate es legítimo. Pero «no les ha pasado nada» y «el modelo de justicia no me parece suficiente» son afirmaciones opuestas. Solo una de las dos corresponde al registro.
Afirmación 4 — «El antro le cuesta al pueblo colombiano más de 1.4 billones de pesos al año»
VEREDICTO: FALSO — cifra inflada en casi el doble
El presupuesto de la JEP es público. El Decreto 1523 de 2024 y los informes de ejecución presupuestal publicados en jep.gov.co establecen que el presupuesto total de la JEP para 2025 fue de 777.069 millones de pesos —que incluye 588.211 millones de funcionamiento y 188.858 millones de inversión. La JEP ejecutó el 99,3% de esos recursos, el mejor indicador de ejecución del sector justicia ese año.
De la Espriella afirmó «más de 1.4 billones». La cifra real es 777.069 millones: aproximadamente el 55% de lo que él señaló. La diferencia no es un redondeo ni una imprecisión menor: es casi el doble.
Incluso si se sumara al presupuesto de la JEP el de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) —una entidad distinta, con misión diferente— el total combinado seguiría siendo significativamente inferior a 1.4 billones. La Comisión de la Verdad, por su parte, terminó su mandato en 2022 y ya no tiene presupuesto activo.
La comparación que De la Espriella no hace: el presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, que tiene en etapa de indagación o investigación previa miles de procesos por crímenes del conflicto sin resolver, supera los 3 billones anuales. La justicia ordinaria, sin los recursos ni la arquitectura para procesar crímenes de sistema, cuesta más y produce menos resultados en estos casos.
Lo que De la Espriella no dice
La frase más reveladora de la secuencia no es ninguna de las cuatro afirmaciones anteriores. Es la respuesta que dio cuando la periodista le preguntó directamente: «¿Las ejecuciones extrajudiciales también le parecen una mentira?»
De la Espriella respondió: «No, es que no ha habido justicia real.»
Con esa frase, el candidato evitó decir que los falsos positivos no ocurrieron —porque no puede decirlo; el Estado colombiano los ha reconocido formalmente, y hay miles de procesos judiciales ordinarios que los documentan. Lo que hizo fue desplazar el argumento: el problema no son los 7.837 muertos, sino el tribunal que los investiga.
Ese desplazamiento tiene un efecto práctico preciso. En el sistema de justicia colombiano, un crimen solo tiene consecuencias si hay una institución con competencia, recursos y voluntad para investigarlo. Si se elimina la JEP —el único tribunal que tiene la capacidad material para procesar un volumen de esta escala— y no se reemplaza por un mecanismo equivalente, los 7.837 casos vuelven a la justicia ordinaria, donde la mayoría prescribirían o permanecerían indefinidamente en etapa de indagación.
«Eliminar la JEP» no es una propuesta de más justicia para las víctimas. Es, en sus consecuencias prácticas y previsibles, una propuesta de menos.
Contexto que el electorado necesita
El debate sobre si la JEP es el mecanismo correcto de justicia transicional es legítimo y tiene exponentes serios en el campo jurídico colombiano. Lo que no tiene sustento en el expediente es la caracterización de De la Espriella: que el tribunal fue diseñado como instrumento político, que los responsables FARC han salido impunes, y que el costo que representa justifica su eliminación.
Hay una pregunta que el periodismo de campaña debería haberle hecho —y no le hizo— en ninguna de las dos entrevistas: si elimina la JEP, ¿Qué instancia, con qué presupuesto y en qué plazo, procesaría los 7.837 casos documentados del Caso 03? ¿Y los del Caso 01? ¿Y los del Caso 05?
La respuesta a esa pregunta no apareció en Piso 8 FM ni en Noticias Caracol. Este artículo tampoco puede inventarla. Pero el lector tiene derecho a saber que la pregunta existe, que no fue formulada, y que sin respuesta, la propuesta de «eliminar ese bodrio» es retórica electoral, no política judicial.
