El outsider que nació adentro
Abelardo Gabriel De la Espriella Otero, 47 años, abogado penalista, empresario y candidato presidencial por el movimiento Defensores de la Patria, se presenta ante Colombia como un hombre que nunca ha vivido del Estado. El registro público cuenta otra historia.
Su padre, Abelardo De la Espriella Juris, fue diputado de Córdoba por el Partido Liberal en los años ochenta, magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo del mismo departamento, y candidato fallido a la gobernación en dos ocasiones. Tras esas derrotas, y gracias a la amistad construida con Álvaro Uribe desde cuando ambos aspiraban a gobernaciones en los noventa, el padre fue nombrado notario en Cartagena en 2002 — el mismo año en que Uribe llegó a la presidencia. Su nombramiento aparece en el listado de notarías entregadas a familiares de congresistas que apoyaron la reelección en el escándalo de la Yidispolítica.
El hijo fundó su firma De la Espriella Lawyers ese mismo año. La familia creció junta, en paralelo con el proyecto político de Uribe. No es el origen de un outsider. Es el origen de un heredero.
FIPAZ — El primer vínculo que incomoda
En 2004, De la Espriella creó la Fundación Iniciativas por la Paz (FIPAZ), que acompañó el proceso de negociación del gobierno Uribe con los paramilitares en los acuerdos del Ralito. De la Espriella fue su representante legal y miembro de la comisión civil acompañante — con permiso del entonces ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega.
A través de FIPAZ, De la Espriella participó en foros con paramilitares desmovilizados en universidades del país y promovió un referendo para prohibir la extradición de jefes de las autodefensas. En ese mismo período, representó legalmente a cuatro congresistas condenados posteriormente por la Corte Suprema por sus vínculos con las AUC: Rocío Arias, Eleonora Pineda, Dieb Maloof y Jorge Caballero.
Según el medio Colombia Reports, que cita el informe de Noticias Uno, FIPAZ habría recibido más de 1.300 millones de pesos de las AUC. La investigación penal contra De la Espriella por estos hechos fue precluida en agosto de 2009, días antes de que el fiscal Mario Iguarán dejara su cargo. Huella Pública no pudo verificar de forma independiente el origen de esos recursos — el expediente no está disponible en acceso público. Lo que sí es verificable: De la Espriella nunca ha negado su rol en FIPAZ ni su relación con ese proceso.
DMG — Los 760 millones de lobby y los 5.000 millones que no devolvió
En septiembre de 2008, en uno de los momentos más álgidos del escándalo de DMG — la pirámide que defraudó a más de 200.000 colombianos — De la Espriella asumió la defensa de David Murcia Guzmán. En el juicio, la Fiscalía presentó una grabación en la que un socio de la pirámide afirmaba que se entregaron 760 millones de pesos al abogado para hacer lobby en el Congreso. De la Espriella reconoció haber recibido ese dinero, pero lo clasificó como honorarios.
Dos meses después de asumir el caso, renunció a la defensa. El momento del retiro fue estratégico: justo cuando el escándalo explotaba públicamente. Los honorarios ya habían sido cobrados.
Diecisiete años después, Murcia presentó una denuncia disciplinaria ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. La denuncia señala que entregó 5.000 millones de pesos en efectivo por honorarios y que, pese al abandono de la defensa, ese dinero nunca fue devuelto. También alega un conflicto de interés: mientras De la Espriella lo representaba, era cercano al presidente Uribe — quien luego nombró notario al padre del abogado. Esa cercanía nunca fue revelada al cliente.
El proceso disciplinario está activo. No tiene resolución a la fecha de publicación de este artículo.
Alex Saab — Seis años defendiendo al testaferro de Maduro
La firma De la Espriella Lawyers asumió la defensa de Alex Saab alrededor de 2013, actuando como su apoderado en una investigación penal de la Fiscalía por presunto lavado de activos. En esos años, los ingresos de la firma registraron crecimientos que triplicaron sus reportes históricos, según el rastreo de La Silla Vacía.
El problema con la versión de De la Espriella — que asegura haber sido engañado sobre los vínculos de Saab con el régimen de Maduro — es que cuando comenzó a asesorarlo ya era pública su operación con el gobierno venezolano. En 2017, Armando.Info documentó que Saab importaba alimentos para los Clap desde México con su socio Álvaro Pulido. Un año después confirmó que esa leche era adulterada. Aun así, De la Espriella siguió siendo su abogado al menos hasta julio de 2019.
El episodio más grave ocurrió en septiembre de 2018. Un analista de interceptaciones de la Dijín, Eddie Andrés Pinto, alertó a la oficina de De la Espriella de que Saab y sus colaboradores serían capturados. Una abogada del bufete admitió haber recibido el aviso. De la Espriella reconoció haber ordenado grabar al policía — pero esperó más de 20 días para denunciarlo. Durante ese tiempo, el operativo fue abortado: Saab y su familia habían desaparecido de Barranquilla.
La Fiscalía y la Comisión de Disciplina Judicial archivaron las investigaciones contra De la Espriella. El expresidente Juan Manuel Santos lo señaló públicamente por haber alertado a la familia Saab. El periodista Daniel Coronell exigió el documento de renuncia al poder de Saab como prueba de que la relación terminó. De la Espriella retiró la demanda que había presentado contra Coronell en Estados Unidos. El documento nunca fue mostrado.
El patrimonio de 40.000 millones que no cuadra
La Silla Vacía rastreó las empresas de De la Espriella y encontró una brecha entre los ingresos reportados y un patrimonio personal declarado de aproximadamente 40.000 millones de pesos. Las cifras no concuerdan. La pregunta que ningún documento responde es simple: si las empresas no explican la fortuna, ¿qué la explica?
Las autoridades no han abierto investigación formal sobre este punto. La ausencia de investigación no es equivalente a la ausencia de inconsistencia.
Las firmas — 3,1 millones de 4,8 millones invalidadas
De la Espriella presentó cerca de 4,8 millones de firmas ante la Registraduría para avalar su candidatura. En la revisión del ente electoral, casi tres millones fueron invalidadas.
El ciudadano Marceliano Julio Fonseca Bolívar presentó una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral argumentando que el candidato habría radicado documentos con firmas que no son del puño y letra de los ciudadanos. El CNE avocó conocimiento dentro del expediente CNE-E-DG-2026-005385 y ordenó práctica de pruebas. El proceso está en etapa probatoria.
La campaña invirtió 1.542 millones de pesos en la recolección de firmas — aportados por el propio candidato. De ese total, 759 millones fueron a Estrategia & Poder, la empresa del estratega de campaña Carlos Suárez.
El falso outsider y sus apoyos reales
De la Espriella construye su campaña sobre una narrativa de independencia total. Los hechos verificables apuntan en otra dirección: cuenta con el aval de Creemos, el movimiento del alcalde Federico Gutiérrez; el apoyo de Fuad Char, quien reunió su estructura política para respaldarlo; y un estratega de campaña con empresa propia de marketing político. Su padre operó en notarías asignadas por Uribe durante veinte años. Fue abogado del expresidente Uribe en procesos contra Daniel Mendoza, creador de la serie Matarife, y en una conciliación contra el senador Alex Flórez.
La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, ha documentado que De la Espriella "abusa de herramientas legales para intimidar y silenciar voces que revelan o cuestionan cualquier asunto que le concierne."
El outsider tiene patrón, tiene padrinos y tiene historia. Las tres cosas son verificables.
Lo que De la Espriella dice cuando nadie lo contradice
El 30 de octubre de 2025, De la Espriella se sentó frente al micrófono del podcast Realidades Ocultas en Barranquilla. La entrevistadora no confrontó. El candidato habló durante hora y media sin contrapeso. Lo que dijo en ese espacio libre es más revelador que cualquier expediente judicial.
Sobre Gustavo Petro: En sus propias palabras: "Petro sabe que conmigo es cárcel o exilio lo que le viene y lo voy a cumplir." Y más adelante: "Estaré encantado de montar a Gustavo Petro en DEA Airlines cuando corresponda." Para respaldar esa afirmación no cita sentencia, fallo ni proceso judicial abierto. En Colombia, prometer encarcelar o exiliar a un presidente en ejercicio sin sentencia judicial no es un programa de gobierno — es una amenaza pública.
Sobre Estados Unidos: Cuando le preguntan si el gobierno norteamericano apoya su candidatura, responde: "Siguiente pregunta, amiga periodista." Es la única pregunta que esquiva en toda la entrevista de hora y media. Cuando le preguntan cómo se ha acercado EEUU a garantizar su seguridad responde: "Se ha acercado, pero no te puedo decir cómo." Un candidato que habla sin filtros de todo — excepto de su relación con el gobierno de Estados Unidos.
Sobre los paramilitares: Responde que su papel en el proceso de paz "fue público, con permiso del ministro Sabas Pretelt" y añade: "Si yo hubiese querido ser paraco de verdad, no hubiese sido paraco de cafetería, hubiese sido un comandante con todos los fierros." La frase trivializa ante una audiencia nacional el tema más sensible de su expediente.
Sobre su conflicto de interés: Admite que con su firma De la Espriella Lawyers "sí podría haber un problema" siendo presidente. Cuando le preguntan cómo manejaría ese paso al costado responde: "No sé, eso habrá que revisarlo jurídicamente." Un hombre que lleva 23 años ejerciendo el derecho no sabe cómo resolvería su propio conflicto de interés institucional antes de llegar al poder.
Sobre quienes no comparten sus valores: A quien no comparta sus principios lo llama "travesti de la política". A la periodista que le hace la pregunta incómoda sobre Estados Unidos la llama "hijita" y "amiguita". Y afirma que sus principios y valores fundacionales son "la manera correcta de pensar" — en contraste con la ideología, que según él es solo "una manera de pensar". El que aspira a gobernar un país plural se autodefine como el portador del pensamiento correcto.
La huella que intentó borrar
En las últimas dos semanas de agosto de 2025, la biografía de Abelardo De la Espriella en Wikipedia en español desapareció. No fue un error técnico. En Wikipedia, las páginas solo se eliminan por solicitud fundamentada o por decisión editorial de sus administradores — y el proceso deja registro.
Lo que contenía esa página era exactamente el expediente que el candidato prefiere no explicar: sus vínculos con el proceso de paz paramilitar, los 760 millones del lobby de DMG, la investigación archivada días antes de que el fiscal Iguarán dejara el cargo, y la defensa de Alex Saab durante seis años.
Lo que hizo De la Espriella después es más revelador que el borrado mismo: creó una página de reemplazo en el sitio web de su campaña — defensoresdelapatria.com — con formato y estética de Wikipedia. Esa página contiene su trayectoria profesional, sus casos más conocidos, sus empresas y su música. No contiene ni una línea sobre DMG, sobre Saab, sobre FIPAZ ni sobre las investigaciones archivadas.
Un hombre que se presenta como defensor de la transparencia institucional construyó su propia enciclopedia para reemplazar la que lo incomodaba. Borró la huella pública. Creó una huella de ficción. Y pide que Colombia le entregue el poder del Estado.
Lo que el sentido común y las instituciones tienen pendiente
El expediente de Abelardo De la Espriella no es el de un delincuente condenado. Es el de un operador jurídico que durante dos décadas se situó sistemáticamente en los bordes de lo que la ley permite — y que ahora pide el poder de dirigir el Estado colombiano.
Dados estos factores, tres tareas institucionales no admiten demora:
Factor A — La denuncia disciplinaria activa de Murcia: La Comisión Seccional de Disciplina Judicial debe resolver sin dilación el proceso en curso. Una investigación disciplinaria activa contra un candidato presidencial no puede quedar en el limbo mientras él aspira al cargo que le daría injerencia sobre las instituciones que lo investigan. O los hechos se confirman y se actúa, o se desmienten y se archiva. Lo que no puede ocurrir es que el expediente duerma hasta después del 31 de mayo.
Factor B — El patrimonio sin explicación documental: La UIAF y la Fiscalía General de la Nación deben pronunciarse formalmente sobre las inconsistencias entre el patrimonio declarado de 40.000 millones de pesos y los ingresos reportados por sus empresas. En Colombia, la inexplicabilidad del origen de un patrimonio de esa magnitud tiene nombre jurídico. O hay una explicación que los documentos respalden, o hay una investigación que debe abrirse.
Factor C — El documento que nunca mostró: De la Espriella mismo debe hacer lo que ningún candidato serio evita: mostrar el documento de renuncia al poder de Alex Saab. No basta con afirmar que terminó la relación profesional. El documento existe o no existe. Si existe, publicarlo toma diez minutos. Si no existe, la explicación que ha dado durante años sobre esa relación cae por su propio peso.
La huella que dejó es permanente. Los documentos también.
