El 30 de junio de 2026, Iván Cepeda Castro publicó un documento de doce puntos anunciando que, si Abelardo de la Espriella no renuncia a su ciudadanía estadounidense y no aclara sus vínculos con agencias de seguridad de ese país, él no reconocerá su autoridad como presidente. La convocatoria es explícitamente pacífica. No llama a tomar edificios, no invoca las fuerzas militares, no habla de expulsar a nadie por la fuerza. Habla de no obedecer.
La reacción fue inmediata. El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, dijo que había que "respetar la democracia". El vicepresidente electo José Manuel Restrepo habló de "irresponsabilidad". Enrique Peñalosa cuestionó la iniciativa. El gabinete en formación cerró filas: Cepeda amenaza la institucionalidad.
Lo que ninguno de ellos citó fue el video publicado por el propio Abelardo de la Espriella en sus redes sociales, donde dijo esto sobre Gustavo Petro: "Las fuerzas militares, la Reserva Activa y la ciudadanía debemos actuar y exigirle al tirano que desaloje la Casa de Nariño. […] Corresponde, entonces, defender la patria por la fuerza, amparados en la Constitución Política de la República."
Eso lo dijo De la Espriella. Sobre un presidente en ejercicio. Invocando la fuerza militar. El mismo hombre que hoy gobierna con un margen de 0.96 puntos porcentuales — 49.66% contra 48.70%, la victoria presidencial más estrecha en la historia de Colombia.
La desobediencia que él mismo convocó
El video de De la Espriella sobre Petro no es un desliz. Es un documento público con argumentación constitucional elaborada. En él, De la Espriella llamó a Petro "dictador" y "tirano" en seis ocasiones distintas. Convocó a "un paro nacional total". Advirtió que si la Corte Constitucional no fallaba a su favor, sería "cómplice de la dictadura". Y citó los artículos 216 y 217 de la Constitución Política para fundamentar que las Fuerzas Militares tenían el deber de actuar contra el presidente.
El argumento que construyó es el siguiente: las Fuerzas Armadas no deben obedecer órdenes inconstitucionales; su lealtad es con la Constitución, no con el presidente; si el presidente desconoce al Congreso o a la Justicia, las Fuerzas Armadas están obligadas a defender el orden constitucional "incluso contra el propio jefe de Estado". Remató: "Llegó el momento de defender a Colombia en sus horas más oscuras. Corresponde defender la patria por la fuerza."
Eso es una convocatoria a un golpe de Estado con fundamento constitucional construido ad hoc. Cepeda, en cambio, convoca a no reconocer pasivamente la autoridad de quien no defienda la soberanía nacional. La diferencia no es de grado: es de naturaleza.
Lo que dice la Corte Constitucional
La desobediencia civil no es un concepto político sin respaldo jurídico en Colombia. La Corte Constitucional la abordó en la Sentencia T-571 de 2008, donde la definió como "manifestación excepcional del pluralismo político y la democracia participativa", legítima dentro del Estado de Derecho cuando cumple cuatro condiciones: el acto debe ser consciente, público y no violento; quien lo ejerce debe mantener lealtad constitucional mínima, sin buscar derrocar las instituciones sino exigir que los principios constitucionales se apliquen correctamente; debe defender normas superiores — derechos humanos, Constitución, soberanía —; y los recursos legales disponibles deben haberse mostrado insuficientes para proteger esas normas.
El anuncio de Cepeda cumple los cuatro criterios. Es público — lo publicó con nombre y firma. Es no violento — explícitamente. Mantiene lealtad constitucional — no pide derrocar instituciones sino exigir que quien las dirija responda constitucionalmente. Y defiende una norma superior: la soberanía nacional consagrada en los artículos 3 y 9 de la Constitución.
El video de De la Espriella contra Petro falla al menos dos: convocó el uso de la fuerza y descalificó a la Corte Constitucional como potencial "cómplice de la dictadura" antes de que fallara. La coherencia del argumento que hoy usa su gabinete para atacar a Cepeda exigiría que alguien, en su momento, hubiera aplicado el mismo estándar al propio De la Espriella.
El conflicto de lealtades: ciudadano, republicano, presidente
El centro del argumento de Cepeda es constitucional, no político. El juramento de ciudadanía estadounidense es un texto formal con consecuencias jurídicas: "I hereby declare, on oath, that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty of whom or which I have heretofore been a subject or citizen." Es una declaración de lealtad exclusiva. Ante un conflicto entre los intereses constitucionales de Colombia y los de Estados Unidos, De la Espriella tiene registrada, bajo juramento, una obligación legal hacia el segundo.
El artículo 188 de la Constitución Política de Colombia establece que el presidente debe jurar cumplir y defender la Constitución y las leyes del país. Dos juramentos. Dos Estados. Una sola persona. Cuando los intereses de los dos Estados entren en conflicto — y con la agenda que ya está en marcha, entrarán — el presidente de Colombia habrá prometido dos cosas distintas ante dos poderes distintos.
A eso se suma un elemento que pocos han nombrado: De la Espriella es miembro del Partido Republicano de Estados Unidos. No es simpatizante ni votante. Es miembro formal de un partido político extranjero — el mismo partido de Donald Trump, el mismo partido cuyos senadores se reunieron con él el día después de su elección, el mismo partido cuyo presidente públicamente declaró haber sido "decisivo" para su victoria.
La red que lo instaló
El 21 de junio de 2026, horas después de conocerse los resultados del balotaje, Donald Trump publicó en Truth Social: "He won, big." Días antes había llamado a Iván Cepeda "marxista radical de izquierda" — interferencia directa en una elección extranjera, pronunciada por el presidente del país del que De la Espriella es ciudadano y cuyo partido integra. No es un respaldo ideológico abstracto: es una operación coordinada con nombre, fecha y resultado.
El 22 de junio, el senador republicano Bernie Moreno (R-Ohio) publicó en X que esa mañana había felicitado en persona al "presidente electo" De la Espriella y que habían hablado extensamente sobre migración ilegal: "He immediately agreed that ANY Colombian citizen claiming asylum should return to Colombia." De la Espriella, sin haber tomado posesión, sin autorización del Congreso colombiano, sin seguir los procedimientos constitucionales para acuerdos internacionales, comprometió la política migratoria de su futuro gobierno ante un senador de un Estado extranjero. Moreno remató su publicación con una advertencia dirigida a los colombianos: "Coming to America is a privilege, not a right."
Nate Morris, el nominado de Trump como embajador de Estados Unidos en Colombia, declaró que esperaba trabajar con De la Espriella para "avanzar la agenda de Trump en Colombia". No la agenda colombiana. La de Trump. Marco Rubio, secretario de Estado, firmó un memorando para detener a Beto Coral — activista colombiano crítico de De la Espriella — cinco días antes del balotaje. The New York Times documentó que la razón invocada fue que Coral "socavaba los intereses de la política exterior de EEUU" al oponerse al candidato respaldado por Washington. Coral quedó detenido, esposado, mientras Colombia votaba.
Alex Saab, "Boliche" y el Congreso de Estados Unidos
Once congresistas demócratas — entre ellos Jesús "Chuy" García, Greg Casar, Rashida Tlaib, Pramila Jayapal y Maxwell Alejandro Frost — enviaron una carta formal a Rubio, al secretario del Tesoro Scott Bessent y al fiscal general interino Todd Blanche solicitando una investigación exhaustiva sobre De la Espriella. Los hechos que señalan: al menos una transacción inmobiliaria en Florida posiblemente financiada por Alex Saab; representación legal de líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia — organización designada terrorista por el Departamento de Estado desde 2001 —; fundación de una organización financiada por las AUC para expandir influencia política; y presiones documentadas para bloquear las extradiciones de jefes paramilitares a Estados Unidos.
El caso de Jorge Luis Hernández Villazón, alias "Boliche", agrega una dimensión que un juez federal estadounidense ya está examinando. "Boliche" fue asistente legal de De la Espriella Lawyers Enterprise en Miami — firma fundada en 2018 —, mientras ejercía simultáneamente como informante del FBI, la DEA y Homeland Security Investigations. Junto con Daniel Peñarredonda — socio cercano de De la Espriella — operaron un esquema de fraude contra narcotraficantes, prometiéndoles los mejores abogados y sentencias favorables a cambio de honorarios millonarios. Un tribunal federal estadounidense ya ordenó la entrega del historial completo de pagos y transacciones entre "Boliche" y las agencias federales.
La pregunta que Cepeda formula no es retórica: ¿es De la Espriella colaborador o miembro de la DEA, la CIA u otra agencia de seguridad estadounidense? Esa pregunta tiene consecuencias constitucionales directas sobre quién puede ser guardián de la soberanía colombiana y de la Constitución que jura defender.
El Escudo de las Américas: subordinación militar desde el día 1
El mismo día en que se conocieron los resultados del balotaje, De la Espriella anunció que Colombia se integrará al Escudo de las Américas — formalmente denominado Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C) — a partir del 7 de agosto de 2026, el primer día de su mandato. La coalición es una iniciativa de seguridad del gobierno Trump que agrupa actualmente a doce gobiernos alineados con Washington: Argentina, El Salvador, Ecuador, Chile, Bolivia, Costa Rica, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Su estructura operativa incluye coordinación militar, intercambio de inteligencia en tiempo real y uso de fuerza letal.
El senador Bernie Moreno — el mismo que se reunió con De la Espriella el 22 de junio — había declarado previamente que Colombia sería "figura central" del Escudo de las Américas tras la victoria de De la Espriella. La incorporación de Colombia al esquema no es una política exterior soberana. Es la entrega de capacidades militares e inteligencia a una estructura comandada por el país al que el presidente de Colombia juró lealtad exclusiva.
El artículo 9 de la Constitución Política establece que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. El artículo 217 — el mismo que De la Espriella citó para invocar la intervención militar contra Petro — establece que la finalidad primordial de las Fuerzas Militares es "la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional". Incorporar esas Fuerzas a una coalición bajo mando externo el primer día de gobierno es una pregunta constitucional que nadie en el gabinete entrante ha respondido.
Las cuatro condiciones y el 7 de agosto
Cepeda no hace exigencias difusas. Su documento establece cuatro condiciones específicas y verificables: que De la Espriella renuncie a la ciudadanía estadounidense y aclare si es colaborador o miembro de agencias de seguridad de ese país; que respete la soberanía judicial colombiana y cese toda persecución contra el presidente Petro y abandone cualquier intento de extraditarlo; que cese la persecución de opositores políticos a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos; y que libere de toda presión al sistema judicial colombiano.
Si esas condiciones no se cumplen, Cepeda — líder de la oposición con 12.7 millones de votos, el 48.70% del electorado — convoca a los colombianos a "desconocer pacíficamente cualquier orden de alguien que no responde a la condición de guardián de nuestra Constitución política". Llama a los millones que votaron por él a que, si las condiciones de legalidad no se cumplen, "desconozcan pacíficamente cualquier orden de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional".
La Corte Constitucional dijo en 2008 que la obediencia al Estado es relativa — depende de la legitimidad de sus acciones y de si viola los derechos del pueblo, porque el Estado no es un fin en sí mismo sino una organización política que salvaguarda los derechos fundamentales. Cepeda no inventa nada. Cita una doctrina que la propia jurisprudencia constitucional colombiana ha reconocido como legítima.
El 7 de agosto, Colombia tendrá un presidente que juró lealtad exclusiva a otro Estado, que es miembro formal de un partido político extranjero, que acordó política migratoria con un senador extranjero antes de tomar posesión, cuyos socios tienen vínculos con informantes federales de EEUU pendientes de investigación judicial, y cuyo primer acto de gobierno es incorporar al país a una coalición militar bajo mando de Washington. Frente a ese cuadro, la pregunta que Cepeda le hace a Colombia no es si De la Espriella ganó las elecciones. Ganó. La pregunta es a quién le está gobernando.
