El operador de campaña dentro del Capitolio
El miércoles 29 de abril de 2026, cuando la presidenta de la plenaria del Senado anunció que se abría el registro para votar el proyecto de ley 056 de 2024 — el proyecto de bonos escolares — la senadora Esmeralda Hernández pidió la palabra para una moción de orden. Lo que dijo en el recinto fue preciso y tiene dos partes que no pueden separarse.
La primera: que Daniel Palacios, exministro del Interior del gobierno de Iván Duque y operador político activo de la campaña presidencial de Paloma Valencia, se encontraba ese día haciendo lobby dentro del Capitolio Nacional para impulsar la aprobación del proyecto. La segunda: que ese proyecto había sido agendado por sexta vez consecutiva como primer punto del orden del día en una plenaria, bloqueando así la discusión de decenas de otras iniciativas legislativas.
Ambas afirmaciones tienen un peso institucional que merece ser analizado por separado, porque juntas revelan algo que va más allá del debate sobre educación: revelan cómo opera la maquinaria política de la derecha colombiana cuando tiene un proyecto de ley que sirve simultáneamente como iniciativa legislativa y como plataforma electoral.
Daniel Palacios no es un ciudadano cualquiera que visita el Congreso. Es el exministro del Interior que operó la política de alianzas del gobierno Duque durante cuatro años. En marzo de 2026, declinó su candidatura presidencial y se adhirió formalmente a la campaña de Paloma Valencia, después de haber jugado un papel clave en la negociación que resultó en la elección de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial. Dentro de la campaña, Palacios y el excontralor Carlos Felipe Córdoba son vistos como operadores políticos muy fuertes, responsables de las alianzas con los partidos tradicionales. Ese es el perfil del hombre que, según la denuncia de Hernández en el recinto, estaba haciendo lobby en el Capitolio el mismo día en que se debatía el proyecto de su candidata.
El proyecto de Paloma Valencia: qué dice y qué oculta
El proyecto de ley 056 de 2024 lleva el nombre de Bono Escolar. Su autora es la senadora Paloma Valencia Laserna, del Centro Democrático, que desde 2020 ha promovido esta iniciativa como su bandera legislativa más visible. La iniciativa busca empoderar a los padres en condición de vulnerabilidad y pobreza extrema, otorgándoles la autonomía para decidir el futuro académico de sus hijos, con financiación estatal de la matrícula en instituciones públicas o privadas.
El mecanismo es simple en apariencia: el Estado entrega un voucher — un bono — a las familias pobres para que elijan entre colegio público o colegio privado. Valencia lo presenta como libertad de elección y equidad educativa. La pregunta que ese relato no responde es de dónde sale el dinero. Fecode señala que proponer como fuente de financiación el Sistema General de Participaciones es irresponsable y carece de sustento técnico, recordando que el SGP dejó de percibir alrededor de 248 billones de pesos desde los actos legislativos de 2001 y 2007, de los cuales la educación perdió 192 billones.
El argumento de Valencia es que los recursos públicos deben seguir al estudiante, no al edificio. El argumento de quienes se oponen es que esos mismos recursos, si siguen al estudiante hacia un colegio privado, dejan de financiar la infraestructura, los docentes y los programas de los colegios públicos donde están los otros estudiantes que no eligieron salirse. Es decir: el bono no crea nuevos recursos. Los redistribuye — desde lo público hacia lo privado.
El modelo tiene un antecedente claro en Colombia: el programa Ser Pilo Paga del gobierno Santos, que financiaba con recursos públicos matrículas en universidades privadas de élite. El resultado documentado fue que las universidades públicas no recibieron esa inversión, y cuando el programa terminó, miles de estudiantes quedaron a mitad de carrera sin saber cómo continuar. Valencia propone aplicar la misma lógica a la educación básica y media. Fecode ha señalado que el objetivo de esta iniciativa es esencialmente económico y busca supeditar la educación pública a las lógicas del mercado, convirtiéndola en una mercancía y en un negocio.
Seis veces agendado: la táctica del primer punto
La denuncia de Hernández sobre que el proyecto había sido agendado por sexta vez consecutiva como primer punto del orden del día no es un detalle menor. Es una táctica legislativa conocida: poner un proyecto de ley al inicio de cada sesión garantiza que, si hay quórum, sea lo primero que se vote. Si la bancada de gobierno logra votar rápido antes de que se organice la resistencia, el proyecto avanza. Si no hay quórum suficiente, se suspende y se vuelve a agendar para la siguiente sesión — siempre en el primer punto.
El Pacto Histórico respondió a esa táctica con la única herramienta que le quedaba: retirarse del recinto para romper el quórum decisorio. Por segunda vez consecutiva, no fue posible avanzar en la votación de la iniciativa, luego de que sectores de la bancada de gobierno se opusieran a que el proyecto continuara su trámite. La sesión del 29 de abril terminó con la votación suspendida por falta de quórum — exactamente igual que la sesión anterior.
El senador Wilson Arias fue explícito en el recinto al defender el retiro: el Pacto Histórico se opone a este proyecto por razones programáticas, y se retira del recinto porque ese es el mecanismo reglamentario disponible — el mismo que el Centro Democrático y la ultraderecha usaron repetidamente cuando se debatieron la reforma laboral, la reforma pensional y la consulta popular del gobierno Petro.
La historia que Fecode lleva contando desde 2020
Los bonos escolares no nacieron el 29 de abril de 2026. Llevan seis años en disputa. En octubre de 2020, el entonces senador Gustavo Petro calificó la propuesta como privatización de la educación en Colombia: "Lo que se necesita no son bonos escolares para dejar la infraestructura educativa pública desocupada o concesionada. Lo que se necesita es fortalecer la educación pública de calidad y gratuita".
En agosto de 2023, cuando el proyecto pasó a segundo debate en el Congreso, Fecode convocó un Paro Nacional de 24 horas para protestar contra la iniciativa, con maestros cuestionando que se invierta dinero público en el sector privado. En junio de 2024, cuando el proyecto aparecía como enmienda dentro de la reforma a la ley estatutaria de educación del gobierno Petro, Fecode convocó nuevamente a paro y logró que la reforma fuera hundida. En abril de 2026, Fecode volvió a las calles en un paro nacional del magisterio, manteniendo entre sus exigencias el rechazo explícito al proyecto de bonos escolares.
Son seis años de resistencia sindical documentada. No es una reacción improvisada al proyecto de una candidata presidencial. Es la posición estructural de los docentes colombianos frente a un modelo que consideran que los debilita institucionalmente — porque la privatización educativa reduce la sindicalización, y un sindicato más débil es un sindicato con menos poder de negociación.
Lo que el gobierno Petro sí construyó — y lo que el proyecto de Valencia amenaza
Este es el contexto que el debate sobre los bonos escolares no puede eludir. Mientras Valencia promovía su proyecto en el Congreso, el gobierno Petro ejecutaba una política educativa en dirección opuesta.
Los documentos del Ministerio de Educación registran los siguientes avances entre 2022 y 2026: 190.000 nuevos estudiantes vinculados por primera vez a instituciones de educación superior públicas entre 2022 y 2024, con una inversión de 11,2 billones de pesos en educación superior, incluyendo 127 proyectos de infraestructura. Más de 909.000 jóvenes estudian completamente gratis en universidades públicas, y más de 27.500 estudiantes de 302 colegios rurales cursan programas técnicos y universitarios sin salir de su territorio. La diferencia en los puntajes de las pruebas Saber 11 entre colegios públicos y privados, que llegó a estar en 35 puntos en 2021, se redujo a 27 en 2024.
Estos números tienen matices y disputas propias — ColombiaCheck y El Colombiano han señalado imprecisiones en algunas cifras del gobierno — pero la tendencia es verificable en los registros del Ministerio de Educación y del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. La dirección de la política es inequívoca: fortalecer lo público, no financiar lo privado con recursos del Estado.
El proyecto de bonos escolares de Valencia apunta en la dirección contraria. No necesariamente porque sea inviable en teoría — en otros contextos, los sistemas de vouchers han funcionado con distintos grados de éxito — sino porque en Colombia implicaría desviar recursos del SGP hacia instituciones privadas en un momento en que las universidades públicas aún tienen un déficit estructural de financiación, los colegios rurales apenas están siendo conectados a la oferta universitaria, y el Estado acaba de construir la política de gratuidad más amplia de la historia reciente del país.
Lo que el 29 de abril dejó al descubierto
Un exministro del gobierno Duque, hoy operador de la campaña presidencial de Paloma Valencia, dentro del Capitolio haciendo lobby por un proyecto de su candidata. Un proyecto agendado seis veces consecutivas como primer punto para forzar su aprobación. Una bancada de gobierno que se retira del recinto como única respuesta reglamentaria disponible. Y una votación suspendida por segunda vez consecutiva sin resultado.
Lo que está en juego no es solo si se aprueba o no un proyecto de ley antes de que termine esta legislatura. Es la pregunta de fondo sobre el modelo educativo que Colombia eligió en 2022 y el que la derecha propone para 2026 en adelante. El gobierno Petro construyó más universidades públicas, amplió la gratuidad, redujo la brecha entre colegios públicos y privados y llevó la educación superior a los territorios rurales. Paloma Valencia propone que los recursos del Estado financien también la educación privada.
Esa no es una diferencia de matiz. Es una diferencia de modelo. Y Daniel Palacios estaba en el Capitolio el 29 de abril para asegurarse de que el modelo de su candidata avanzara — mientras los maestros de Fecode ya estaban en las calles.
