La voz que sobrevivió al exterminio
El 29 de abril de 2026, en el espacio de constancias previo al orden del día de la plenaria del Senado, Aida Yolanda Avella Esquivel tomó el micrófono. Lo ha hecho miles de veces desde que tenía veinte años. La diferencia es que en 1996 alguien intentó silenciarla con una bazuca en plena Autopista Norte de Bogotá. Sobrevivió. Se exilió diecisiete años en Suiza. Regresó. Y hoy sigue siendo senadora de la República desde la curul de la Unión Patriótica — el partido al que el Estado colombiano le asesinó más de tres mil militantes y que el Consejo de Estado tuvo que devolverle la personería jurídica en 2013 precisamente porque su desaparición electoral fue producto del exterminio físico de sus integrantes, no de la derrota democrática.
Esa historia no es un adorno biográfico. Es el marco desde el cual Avella habla cada vez que abre la boca en el recinto. Cuando denuncia que la oposición demanda todo lo que el gobierno hace por los sectores vulnerables, no lo dice como cálculo electoral. Lo dice desde la memoria de lo que le cuesta a este país intentar cambiar el orden establecido.
Lo que la oposición demandó — y lo que los documentos muestran
La constancia de Avella ese miércoles fue un recuento sistemático de las medidas del gobierno Petro que la oposición llevó a los tribunales. No es una lectura parcial: es un patrón documentable.
La reforma laboral. El proyecto fue hundido en la Comisión Séptima del Senado en 2025, con votos de partidos de oposición que argumentaron que dañaría la economía y el empleo. La senadora Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres, votó su archivo. El Centro Democrático hizo lo propio. Antes de que llegara siquiera al Congreso, el aumento del salario mínimo que el gobierno decretó para 2023 fue demandado ante el Consejo de Estado por sectores empresariales afines a la derecha, con el argumento de que generaría desempleo. La economía colombiana no colapsó. El desempleo no se disparó por ese aumento. Los que demandaron no se retractaron.
La reforma pensional. Fue archivada múltiples veces por las comisiones del Congreso con los votos de la oposición. Paralela y simultáneamente, el gobierno expidió el Decreto 0415 del 20 de abril de 2026, que ordena a las Administradoras de Fondos de Pensiones trasladar 25 billones de pesos de ahorros individuales a Colpensiones en un plazo de treinta días. El Consejo de Estado suspendió el decreto a los pocos días. La batalla judicial sobre los fondos de pensiones es el episodio más caliente de esa disputa al momento de la constancia de Avella.
El salario de los soldados. Avella citó en el recinto un dato que los propios avisos oficiales del gobierno transmitían ese mismo día en el Canal Congreso: la bonificación mensual de los soldados regulares y auxiliares de policía pasó de 300.000 pesos en 2022 a 1.750.905 pesos en 2026. 65.000 familias reciben parte de ese ingreso. Nadie demandó ese aumento.
El decreto que nadie menciona cuando habla de los fondos de pensiones
Aquí está el contexto que la constancia de Avella no desarrolló explícitamente pero que es el fondo de toda la disputa sobre pensiones que mencionó.
El 7 de abril de 2026, el gobierno Petro expidió el Decreto 0369, firmado por el ministro de Hacienda Germán Ávila. El decreto establece que las Administradoras de Fondos de Pensiones no podrán invertir más del 30% de sus portafolios en activos en el extranjero — un proceso gradual que concluye en abril de 2031. Hoy esa cifra ronda el 49%. La diferencia entre el 49% actual y el 30% que exige el decreto representa aproximadamente 100 billones de pesos en inversiones que deberán regresar a Colombia en los próximos cinco años.
El argumento del gobierno es directo: los ahorros pensionales de los colombianos están siendo invertidos masivamente fuera del país mientras Colombia necesita financiamiento para proyectos productivos internos. El argumento de los fondos privados y sus defensores es igualmente directo: la diversificación internacional ha permitido mejores rentabilidades y menor exposición al riesgo local.
Lo que los documentos muestran es que el 70% de los recursos de los fondos privados está hoy invertido en deuda pública colombiana — es decir, en TES — y que el 30% restante, el que está en el exterior, corresponde a los portafolios de mayor rentabilidad histórica para los afiliados. La disputa es real y tiene argumentos técnicos en ambas orillas. Lo que no tiene sustento documental es la afirmación de que los fondos privados son simplemente un mecanismo para sacar dinero de los trabajadores al exterior: esa es la formulación política de Avella, no la descripción técnica del sistema.
Lo que Avella sí tiene documentado: los fondos no son del trabajador de la misma manera que Colpensiones
Aquí el argumento de Avella tiene una base jurídica que merece precisión. En el sistema de ahorro individual — el RAIS — los recursos de la cuenta individual pertenecen formalmente al afiliado, pero su administración, inversión y rentabilidad están en manos de las AFP. El afiliado no decide dónde se invierte su plata. Las AFP sí. Y las AFP tienen incentivos comerciales que no necesariamente coinciden con los del trabajador que ahorra.
El artículo 48 de la Constitución Política establece que los recursos destinados a la seguridad social no podrán ser destinados ni utilizados para fines diferentes. Ese artículo es el que el gobierno Petro invocó para expedir el Decreto 0415 — el de los 25 billones — y es el que el Consejo de Estado puso en suspenso al considerar que el decreto excedía las facultades del ejecutivo. El debate constitucional está abierto y sin resolución definitiva.
Las altas cortes en el centro del tablero
Avella fue directa en el recinto al señalar que algunos magistrados de las altas cortes han actuado como oposición velada al gobierno. Es una afirmación política fuerte que merece contexto.
El Consejo de Estado suspendió el Decreto 0415. La Corte Constitucional no avaló la reforma pensional en los términos en que el gobierno la presentó. Múltiples decretos del ejecutivo han sido objeto de medidas cautelares o controles de constitucionalidad que los han frenado o modificado.
La pregunta que plantea Avella — si el estado de derecho consiste en impedir que los sectores vulnerables accedan a mejores condiciones — no tiene una respuesta jurídica simple. Los controles constitucionales existen precisamente para que ningún gobierno, de ningún color, pueda hacer cualquier cosa con cualquier argumento. Ese mismo mecanismo protegió a la Unión Patriótica cuando el Consejo de Estado le devolvió la personería jurídica que el exterminio le había arrebatado. La independencia judicial no es un instrumento de la derecha ni de la izquierda — es la garantía de que ninguno de los dos lados pueda apropiarse del Estado para siempre. Avella lo sabe mejor que nadie. Y precisamente por eso su señalamiento merece ser tomado en serio: cuando una magistratura actúa sistemáticamente en una sola dirección política, el problema no es el control constitucional — es quién lo ejerce y cómo.
Lo que el 29 de abril dejó registrado
Aida Avella habló ese miércoles desde la experiencia de quien perdió compañeros, vivió el exilio y regresó para seguir peleando desde el mismo recinto donde la ignoraron por décadas. Sus afirmaciones sobre los logros del gobierno son verificables en los decretos, en las cifras de bonificaciones militares, en las actas de las comisiones que hundieron las reformas. Sus afirmaciones sobre los fondos de pensiones mezclan datos reales con una formulación política que simplifica un debate técnico complejo. Sus señalamientos sobre las altas cortes tocan un nervio institucional que ningún gobierno anterior había expuesto con tanta crudeza.
La disputa por las pensiones, por las reformas sociales y por los límites del control judicial no termina el 29 de abril en una constancia del Senado. Es la pelea central de los últimos cuatro años de política colombiana — y seguirá siéndolo mucho después de que este Congreso cierre su última sesión.
