El 10 de junio de 2026, el periodista Daniel Coronell publicó en su cuenta de X un comunicado de siete páginas firmado por un grupo de exmagistrados de altas cortes colombianas y docentes universitarios de derecho. El documento argumenta que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella no podría ejercer la presidencia colombiana debido a los compromisos jurídicos adquiridos al naturalizarse como ciudadano estadounidense. En pocas horas se convirtió en el centro del debate político y jurídico del país, con reacciones que van desde abogados constitucionalistas hasta ciudadanos sin formación jurídica, todos intentando entender un documento técnicamente denso con implicaciones políticas inmediatas a diez días de la segunda vuelta presidencial.
Este artículo analiza el documento original, los contraargumentos más sólidos que generó y los patrones argumentativos que revelan el estado de comprensión ciudadana sobre el derecho constitucional colombiano.
El comunicado y quiénes lo firman
El documento fue suscrito por juristas que incluyen tres expresidentes de la Corte Constitucional: José Gregorio Hernández Galindo, Jaime Córdoba Triviño y Jorge Iván Palacio Palacio. También firmaron el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Pablo Cáceres Corrales, el expresidente del Consejo de Estado Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, así como exmagistrados de tribunales administrativos y docentes de universidades como la Nacional, los Andes, Antioquia y el Externado.
Tesis central del comunicado: la doble nacionalidad italiana de De la Espriella no genera ningún problema jurídico. La doble nacionalidad estadounidense sí genera una incompatibilidad con el ejercicio de la presidencia, no por el hecho de tenerla, sino por las obligaciones específicas que impuso ese país como condición para otorgarla.
La distinción clave: Italia vs. Estados Unidos
Los firmantes distinguen cuidadosamente entre las dos nacionalidades de De la Espriella. Italia reconoce expresamente la doble nacionalidad y su juramento de naturalización se limita a ser fiel a la República y observar la Constitución y las leyes del Estado. Ese compromiso no choca con las funciones del presidente colombiano. El presidente Gustavo Petro tiene también nacionalidad italiana y nadie ha cuestionado esto, precisamente porque el juramento italiano no genera conflicto de lealtades con Colombia.
El caso estadounidense es radicalmente diferente. Al naturalizarse, De la Espriella tuvo que prestar el juramento contenido en la Sección 337(a) de la Immigration and Nationality Act (INA):
"Por la presente declaro, bajo juramento, que renuncio absoluta y enteramente y abjuro de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera, de quien o de los que hasta ahora he sido súbdito o ciudadano; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales; que llevaré las armas en nombre de los Estados Unidos cuando lo exija la ley; que realizaré servicio no combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cuando lo exija la ley; y que asumo esta obligación libremente, sin ninguna reserva mental ni propósito de evasión; así que ayúdame Dios." Sección 337(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos (INA)
El conflicto con las funciones presidenciales colombianas
El comunicado argumenta que ese juramento choca frontalmente con las obligaciones constitucionales del presidente colombiano. La Constitución Política establece que el presidente es jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa (art. 189), comandante supremo de las Fuerzas Armadas con la misión de defender la soberanía e integridad territorial (arts. 189 y 217), director de las relaciones internacionales priorizando la conveniencia y soberanía nacional (arts. 9, 189 y 226), y garante de los derechos de todos los colombianos (art. 188).
Al posesionarse, el presidente jura ante el Congreso "cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia" (art. 192). Los firmantes plantean la pregunta central del debate: ¿puede hacer ese juramento con credibilidad quien ya juró, sin reserva mental ni propósito de evasión, renunciar absolutamente a toda lealtad hacia Colombia y defender a Estados Unidos contra todos sus enemigos, incluida eventualmente Colombia?
El escenario hipotético que plantean es concreto: si el gobierno de Estados Unidos declara a un colombiano su enemigo y le ordena al presidente colombiano desconocer sus derechos, ese presidente quedaría atrapado entre dos juramentos contradictorios. No pueden cumplirse los dos a la vez. Uno tiene que ceder.
Los contraargumentos más sólidos
El comunicado generó respuestas de diversa calidad técnica. Los argumentos más rigurosos y su análisis en mérito:
1. El régimen de inhabilidades es taxativo
Tanto el abogado Ricardo Arrieta C., doctor en derechos humanos, como el analista Jhonny Romero señalaron que el comunicado incurre en una contradicción interna: cita la jurisprudencia que establece que el régimen de inhabilidades presidenciales es cerrado y taxativo, para luego proponer una inhabilidad que no está en la Constitución. La Corte Constitucional lo ha establecido en las sentencias C-151 de 1997, C-540 de 2001 y C-106 de 2018.
Este es el argumento más sólido contra el comunicado y merece reconocimiento. Sin embargo, tiene una respuesta importante: el comunicado no propone una inhabilidad nueva en el sentido formal. Propone que las obligaciones concretas del juramento de naturalización son incompatibles con funciones presidenciales ya escritas en la Constitución. Eso no amplía el artículo 197, aplica los artículos 188, 192 y 217. La evaluación de esa incompatibilidad funcional no crea una causal nueva de inelegibilidad, sino que le corresponde a un juez verificar si una situación concreta viola principios constitucionales ya existentes.
2. El juramento estadounidense bajo el derecho de ese país
El contraargumento más técnico provino del abogado Camilo De Guzmán, admitido en los barros de Nueva York y Florida, quien publicó un memorando de cinco páginas respondiendo específicamente a la dimensión de derecho estadounidense del debate. Su argumento central es que la cláusula de renuncia del juramento fue escrita en 1795 para liberar al ciudadano de las pretensiones de lealtad perpetua de los monarcas europeos, no para crear nuevas lealtades absolutas. Bajo el derecho vigente de Estados Unidos, el juramento confiere la ciudadanía y nada más.
De Guzmán cita jurisprudencia de la Corte Suprema estadounidense —Kawakita v. United States (1952), Afroyim v. Rusk (1967), Vance v. Terrazas (1980), Girouard v. United States (1946)— para sostener que el doble nacional debe lealtad a ambos países simultáneamente, y que el Departamento de Estado rechaza la lectura de que juramentos extranjeros equivalentes impliquen renuncia a la ciudadanía estadounidense.
Este memorando introduce elementos relevantes al debate. Sin embargo, aborda la dimensión del derecho estadounidense sobre la naturaleza del juramento, no la pregunta que plantea el comunicado desde el derecho colombiano: si las obligaciones que ese juramento crea, independientemente de cómo las interprete el derecho estadounidense, son compatibles con las funciones constitucionales del presidente colombiano. Esa evaluación la hace el juez colombiano, no el estadounidense.
3. El silencio constitucional como garantía de inclusión
Varios usuarios con formación jurídica argumentaron que si la Constitución no prohíbe expresamente que un presidente tenga doble nacionalidad estadounidense, ese silencio equivale a una garantía de inclusión. Si el constituyente hubiera querido impedirlo, lo habría escrito.
La respuesta es que el silencio constitucional tampoco equivale a permiso ilimitado. La Constitución no lista todos los conflictos posibles: establece principios y funciones, y los jueces evalúan si una situación concreta los viola. Además, quienes hacen este argumento también interpretan el silencio, solo que en dirección contraria. La diferencia es que los firmantes apoyan su interpretación en funciones presidenciales expresamente escritas en la Constitución Política.
Los patrones del debate ciudadano en X
El análisis de las más de 400 interacciones directas con el hilo de Huella Pública permite identificar patrones reveladores sobre la comprensión ciudadana del derecho constitucional.
Argumentos más frecuentes en contra del comunicado: confusión entre el artículo 179 (inhabilidades para congresistas) y el artículo 197 (presidente); equiparación del caso de Petro con Italia al de De la Espriella con EE.UU., ignorando la diferencia entre los dos juramentos; positivismo ingenuo según el cual solo existe lo que la Constitución nombra expresamente; descalificación del comunicado como "opinión sin valor jurídico".
Argumentos más frecuentes a favor: referencia al texto literal del juramento de naturalización estadounidense; analogía con la sentencia C-601 de 2015 sobre diplomáticos con doble nacionalidad; el conflicto irresolvable entre tres opciones —fallar al juramento gringo, fallar al colombiano, o abstenerse—; la incompatibilidad con el rol de comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
Un hallazgo llamativo: varios usuarios llegaron de forma independiente a la misma conclusión que los exmagistrados, sin haber leído el comunicado. Al plantear el escenario hipotético de un conflicto entre los intereses de ambos países, identificaron espontáneamente el dilema de lealtades que el documento formaliza jurídicamente.
Lo que el debate reveló sobre la comprensión constitucional
Más allá de la discusión específica sobre De la Espriella, el debate evidenció tres tensiones estructurales en la comprensión del derecho constitucional colombiano.
La primera es la tensión entre taxatividad e incompatibilidad funcional. La ciudadanía tiende a entender las inhabilidades como un catálogo cerrado y exhaustivo. El derecho constitucional, sin embargo, distingue entre inhabilidades formales e incompatibilidades funcionales, categorías que no siempre están explícitamente listadas pero que pueden evaluarse judicialmente.
La segunda es la tensión entre soberanía interpretativa y fuentes externas. Varios usuarios argumentaron que las obligaciones creadas por el derecho estadounidense no pueden tener efectos en Colombia. Pero el problema no es si el derecho estadounidense tiene vigencia en Colombia, sino si las obligaciones que ese derecho creó son compatibles con funciones constitucionales colombianas. Esa evaluación la hace el juez colombiano, no el estadounidense.
La tercera es la tensión entre el momento político y la validez del argumento. Múltiples voces señalaron que el comunicado se publicó a diez días de la segunda vuelta, insinuando motivación política. El momento no invalida el argumento, pero sí pesa sobre su recepción. Un análisis publicado en enero habría tenido una recepción diferente.
El error del comunicado que sus críticos usaron bien
Varios analistas señalaron con razón un error técnico en el comunicado: cita el artículo 91 de la Constitución como fuente de los requisitos para ser presidente, cuando el artículo correcto es el 191. El artículo 91 regula la obediencia debida en el ámbito militar. En un documento suscrito por tres expresidentes de la Corte Constitucional, el lapsus es embarazoso y fue correctamente utilizado por los críticos para cuestionar la prisa con que fue redactado.
Sin embargo, el error tipográfico no afecta la solidez del argumento central. El análisis sobre la incompatibilidad funcional no depende del artículo 91 ni del 191, sino de los artículos 188, 192, 189 y 217, que establecen las funciones presidenciales y el juramento de posesión.
Conclusión
El comunicado de los exmagistrados plantea una pregunta jurídica legítima que el ordenamiento colombiano no ha resuelto expresamente: ¿puede ejercer la presidencia colombiana quien adquirió voluntariamente obligaciones jurídicas hacia otro Estado que son potencialmente incompatibles con las funciones constitucionales del cargo?
Esa pregunta no tiene respuesta en el artículo 197 de la Constitución. Tampoco la tienen los contraargumentos que apelan al silencio constitucional. La respuesta, si se requiere, corresponde a un juez constitucional que evalúe el caso concreto.
Lo que el debate sí reveló es que Colombia carece de jurisprudencia sobre este supuesto específico, que la ciudadanía confunde con frecuencia categorías jurídicas distintas, y que la intensidad del debate electoral dificulta la discusión técnica serena que el tema merece.
Fuentes consultadas
- Comunicado de exmagistrados y docentes universitarios, 10 de junio de 2026 (publicado por Daniel Coronell en X).
- Sección 337(a) de la Immigration and Nationality Act (INA), USCIS.
- Memorando de Camilo De Guzmán, NY/FL Bar, 11 de junio de 2026.
- Corte Constitucional de Colombia, sentencias C-151/97, C-540/01, C-015/04, C-106/18, C-601/15.
- Constitución Política de Colombia, arts. 9, 40, 96, 188, 189, 191, 192, 197, 217 y 226.
- Ley 43 de 1993.
- Constitución de la República Italiana, art. 54.
