Lo que establece la Constitución colombiana
El artículo 9 de la Constitución Política es claro: "Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia."
Colombia es miembro fundador de las Naciones Unidas desde 1945, y la Carta de la ONU, que Colombia firmó y ratificó, no contempla la figura de "miembro sin embajada permanente". Un Estado puede retirarse del organismo, lo que requeriría la denuncia formal del tratado constitutivo, o puede tener representación reducida, pero la ausencia de misión permanente equivale en la práctica a renunciar al voto, al acceso a fondos y a la participación en organismos especializados, como si alguien decidiera cortar el teléfono y siguiera esperando que le lleguen llamadas importantes.
El problema: la guerra contra el narcotráfico que prometió también opera desde la ONU
De la Espriella hizo de la lucha contra el narcotráfico el eje central de su campaña, prometió bombardear embarcaciones, extraditar traficantes y unirse a una coalición militar con Estados Unidos para combatir carteles, pero lo que nunca mencionó es que el marco jurídico internacional que hace posibles esas acciones está construido, ladrillo por ladrillo, sobre tratados administrados por el sistema ONU:
Convención Única de Estupefacientes de 1961 (ONU): Es el tratado base que obliga a los Estados a perseguir el tráfico de drogas y que permite la cooperación entre agencias antinarcóticos, y sin ella la asistencia técnica de la DEA en Colombia no tiene base de derecho internacional. Es, en términos simples, el contrato que hace legal el trabajo conjunto.
Convención de Viena de 1988 contra el Tráfico Ilícito (ONU): Define el lavado de activos como delito, establece el decomiso de bienes del narcotráfico y regula la extradición entre países por delitos de drogas, y cada extradición que Colombia realiza hacia Estados Unidos, incluidas las que De la Espriella prometió multiplicar, se tramita bajo este mismo marco.
UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito): Opera desde Viena y Bogotá, financia y coordina los programas de sustitución de cultivos ilícitos, produce los datos satelitales independientes sobre hectáreas de coca que son la referencia técnica más confiable del país, y entrena a fiscales colombianos en investigación financiera de carteles.
INTERPOL: Aunque no es un organismo ONU, su funcionamiento depende de acuerdos de cooperación policial cuyo andamiaje legal remite directamente a los tratados de Viena, y las circulares rojas que permiten capturar narcotraficantes colombianos en terceros países operan sobre ese mismo andamiaje.
Lo que Colombia recibiría del sistema ONU y dejaría de gestionar
Más allá del narcotráfico, Colombia tiene compromisos activos con organismos especializados del sistema ONU que atienden necesidades concretas de su población, como si fueran ventanillas del Estado colombiano operando desde Ginebra, Viena o Nueva York:
ACNUR: Colombia tiene 4,9 millones de desplazados internos, la segunda cifra más alta del mundo según datos del organismo al cierre de 2024, y es precisamente el ACNUR quien coordina la atención humanitaria en zonas de conflicto activo. Sin misión permanente colombiana en la ONU, esa interlocución pierde su canal institucional y Colombia queda hablando al vacío.
OPS/OMS: La Organización Panamericana de la Salud, brazo regional de la OMS, administra programas de vacunación, vigilancia epidemiológica y respuesta a emergencias sanitarias en Colombia, y su funcionamiento está integrado al sistema ONU, lo que significa que su canal de coordinación pasa también por la representación permanente del país.
Acuerdo de París (CMNUCC/ONU): Colombia ratificó el acuerdo climático en 2018, y bajo el gobierno Petro redujo la deforestación en un 37% y lideró la COP16 en Cali con 57 países participantes, logros documentados en el Consejo de Ministros del 13 de mayo de 2026. Esos compromisos son vinculantes bajo el marco ONU, así que sin representación permanente Colombia no puede reportar avances ni reclamar el financiamiento climático internacional que le corresponde.
Estatuto de Roma / Corte Penal Internacional: Colombia ratificó el Estatuto de Roma en 2002, y la CPI tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en territorio colombiano. El proceso de paz, la JEP y los compromisos de verdad y reparación están ligados a ese marco, y sin representación permanente en la ONU Colombia pierde la interlocución directa con la Fiscalía de la CPI, que es precisamente quien puede activar o frenar investigaciones sobre el país.
El antecedente: ningún país ha operado sin representación en la ONU y ganado
Desde 1945, ningún Estado miembro de la ONU ha renunciado voluntariamente a su misión permanente y mantenido sus relaciones internacionales sin consecuencias. Los casos de países con representación reducida, como Corea del Norte o Irán bajo sanciones, son precisamente los ejemplos de aislamiento diplomático que De la Espriella usó como contraste negativo durante su propia campaña.
Indonesia retiró temporalmente su membresía en 1965 bajo el gobierno de Sukarno, pero regresó al año siguiente porque el costo diplomático resultó insostenible, y esa sigue siendo la única vez en la historia del organismo que un Estado intentó la salida unilateral y no aguantó ni doce meses afuera.
Lo que dijo vs lo que requiere lo que prometió
La pregunta que la afirmación deja abierta
De la Espriella hizo la promesa de cerrar la embajada en la ONU en el contexto de una pregunta sobre Gaza, cuando el periodista citó pronunciamientos del organismo sobre el conflicto en Palestina, y la declaración fue espontánea, sin preparación política visible, y no ha sido objeto de rectificación pública desde entonces.
Lo que los tratados ratificados por Colombia establecen, y que ningún decreto presidencial puede modificar sin denuncia formal ante cada organismo, es que las obligaciones internacionales del Estado son independientes de quién ocupe el Ejecutivo. Un presidente puede decidir no tener embajador en Nueva York, pero jamás puede decidir que Colombia deja de estar vinculada por los convenios que ya firmó, porque esa decisión no le pertenece a él solo: le pertenece al derecho internacional.
La pregunta concreta que la afirmación deja sin responder: ¿Cómo piensa el gobierno de De la Espriella gestionar 31 tratados ONU vigentes, incluidos los que sostienen la guerra contra el narcotráfico que prometió liderar, sin representación permanente ante el organismo que los administra?
