Lo que la Contraloría encontró antes de que el gobierno interviniera
El 22 de noviembre de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud tomó posesión de los bienes, haberes y negocios de Coosalud EPS mediante la Resolución 2024320030015228-6. La medida no fue una decisión arbitraria del gobierno Petro. Fue la respuesta a un deterioro financiero que el órgano de control independiente ya había documentado.
El informe financiero de la Contraloría General de la República con corte al 31 de diciembre de 2024 registra que la deuda de Coosalud con hospitales, clínicas y proveedores pasó de 702 mil millones de pesos en 2023 a 2.59 billones en 2024. Un aumento del 269% en doce meses. El presidente Gustavo Petro lo citó públicamente en julio de 2025 al presentar el informe de la Contraloría: "El caso de deuda de EPS Coosalud es preocupante. Aumentó 269%, pasando de 702.143 millones en 2023 a 2.5 billones en 2024."
Ese mismo informe de la Contraloría establece que la deuda acumulada de las 29 EPS activas en Colombia asciende a 32.9 billones de pesos — 7.9 billones más que en 2023. Y precisa un dato que los medios tradicionales no destacaron: las EPS no intervenidas fueron las que más contribuyeron al aumento. Las intervenidas, incluyendo a Coosalud, crecieron su deuda en 3.7%. Las no intervenidas la duplicaron.
La auditoría forense: tres conductas, nombres propios
El Consejo de Ministros del 28 de abril de 2026 fue la primera vez que el gobierno presentó públicamente los hallazgos de la auditoría forense encargada sobre Coosalud EPS. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, expuso el documento ante el presidente Petro y el gabinete completo. Lo que describió tiene nombre jurídico en cada punto.
Primera conducta: autopréstamos con recursos públicos. Jaime González Montaño, representante legal de Coosalud EPS, es simultáneamente representante legal de Cosalud Inversa y de la cooperativa propietaria de la EPS. Desde esa posición, la auditoría forense encontró que se garantizó un crédito de 419 mil millones de pesos con recursos públicos del sistema de salud para financiar a Inversa, empresa privada de su propiedad. El dinero no aparece registrado en ninguna cuenta de Inversa. La auditoría califica la conducta como peculado por apropiación indebida de fondos públicos.
Segunda conducta: fraude procesal. El gerente actuarial Alex Mauricio Rosalazar utilizó metodologías no autorizadas para alterar las reservas técnicas de la empresa en documentos públicos, distorsionando la realidad financiera de los pasivos. La auditoría lo califica como falsedad ideológica en documento público.
Tercera conducta: concierto para delinquir y tráfico de influencias. La auditoría identificó la operación de Mario Andrés Urán, asesor externo que tenía computador y puesto de trabajo físico en Coosalud, desde donde dirigía pagos y procesos de negociación en otras EPS del sistema, incluyendo SOS, Emsanar y ASM Salud.
❝ Hay un claro y marcado tráfico de influencia y un concierto para delinquir, dice claramente la auditoría forense. ❞ — Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, Consejo de Ministros, 28 de abril de 2026
El entramado descrito por la auditoría no se limita a Coosalud EPS. González controla simultáneamente la EPS, la cooperativa propietaria y Cosalud Inversa, que a su vez es accionista de Copsalud y Aplisalud. Estas últimas son las mismas empresas encargadas de auditar las cuentas médicas de Coosalud ante el sistema. La auditoría lo describe en tres palabras: yo con yo.
La junta que autorizó el préstamo y los apellidos que explican el silencio
La auditoría forense establece que la junta directiva de Coosalud autorizó el préstamo de recursos públicos a Cosalud Inversa con conocimiento de su ilegalidad. Esa autorización, dice el documento, configura peculado.
El presidente Petro reveló en el Consejo de Ministros quiénes integraban esa junta directiva en el momento en que se aprobó la operación: Rafael Santos, hermano del exvicepresidente Francisco Santos, y Juan Carlos Pastrana, hermano del expresidente Andrés Pastrana.
❝ Todo es porque el hermano del vicepresidente Francisco Santos, Rafael Santos, y el hermano del expresidente Pastrana, Juan Carlos Pastrana, están en la junta directiva que permitieron ese desastre que es el peor desastre de una EPS en la actualidad en Colombia. ❞ — Presidente Gustavo Petro, Consejo de Ministros, 28 de abril de 2026
Esos apellidos explican la cobertura que los medios tradicionales le dieron al caso: centrada en los señalamientos del presidente, no en los hallazgos de la auditoría forense ni en los números de la Contraloría.
El Auto 072 y la paradoja del tribunal
El 14 de abril de 2026, el magistrado Luis Miguel Villalobos del Tribunal Administrativo de Bolívar firmó el Auto Interlocutorio 072. La decisión suspendió las dos resoluciones con las que la Supersalud había intervenido Coosalud — la del 22 de noviembre de 2024 y su prórroga del 21 de noviembre de 2025 — y ordenó devolver la administración y representación legal a Jaime González Montaño y Natalia Largo González.
El tribunal sustentó su decisión en el deterioro observado durante la intervención estatal: las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios pasaron de 81.072 en 2024 a 107.252 en 2025, un aumento del 32%. Las tutelas crecieron 21%. Rotaron cinco agentes interventores sin que ninguno lograra revertir la crisis. El plan de acción de la Supersalud, según el auto, "no ha mostrado resultados satisfactorios."
El argumento es jurídicamente válido. Pero no borra lo que la Contraloría documentó antes de la intervención ni lo que la auditoría forense encontró durante ella. El tribunal evaluó si la intervención funcionó. No evaluó por qué fue necesaria.
El 24 de abril, en un segundo pronunciamiento, el Tribunal precisó que González Montaño y Largo González son los únicos legitimados para recibir la entidad, con base en el acta de junta directiva del 25 de mayo de 2018 y el certificado especial de la Cámara de Comercio de Cartagena del 24 de marzo de 2026.
La Fiscalía, el desacato y lo que sigue pendiente
El Ministerio de Salud se constituyó en víctima ante la Fiscalía General de la Nación por las irregularidades en Coosalud. La Corte Suprema, mediante el Auto 013 de 2025, le solicitó a la Fiscalía investigar las causas criminales referidas por el Ministerio. Al 28 de abril de 2026, fecha del Consejo de Ministros, el ministro Jaramillo confirmó que no ha habido ningún avance en esa investigación.
El 15 de abril, un juzgado administrativo de Bogotá sancionó al presidente Petro con una multa de quince salarios mínimos por desacato, al considerar que continuó señalando públicamente a González Montaño pese a dos fallos judiciales previos que le ordenaban retractarse. Petro pagó la multa y no se retractó.
La auditoría forense existe. Los hallazgos de la Contraloría son públicos. La decisión del Tribunal de Bolívar es un hecho judicial ejecutoriado. Lo que la Fiscalía haga con todo eso es la única pregunta que este expediente todavía no tiene respuesta.
