El senador que denuncia y su propia huella
El 29 de abril de 2026, cuando la plenaria del Senado ya había aprobado varios informes de conciliación y se disponía a debatir el proyecto de bonos escolares, el presidente de la sesión concedió la palabra al senador Alex Xavier Flórez Hernández para una constancia. Era, según él mismo dijo en el recinto, la misma denuncia que había venido haciendo de forma incansable durante semanas.
Flórez es senador del Pacto Histórico — Colombia Humana — para el período 2022-2026. Nació en Cartagena en 1991, estudió derecho en la Universidad de Medellín y llegó al Senado en el renglón 11 de la lista cerrada del Pacto Histórico, posición que obtuvo en parte gracias a su cercanía con el entonces alcalde de Medellín Daniel Quintero. Su trayectoria no está exenta de controversia: en septiembre de 2022 llamó "asesinos" a tres agentes de policía en estado de embriaguez en Cartagena, por lo que la Procuraduría lo suspendió e inhabilitó por seis meses — sanción que el Consejo de Estado mantiene en revisión. La Corte Suprema de Justicia tiene abierta una investigación en su contra por presunta financiación irregular de campaña. Fue además destituido del Concejo de Medellín antes de llegar al Senado, por haber sido contratista al momento de inscribir su candidatura.
Todo eso es parte del registro público de quien hizo la denuncia. Y la denuncia, a pesar de quien la hace, está soportada en documentos que hablan solos.
El video que lo dice todo — y la Procuraduría que abrió investigación
En noviembre de 2025, un video circuló en redes sociales y fue publicado por el portal Bubuja Política. En las imágenes aparece una persona con las características físicas del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, describiendo con detalle cómo opera el esquema de coimas en el Programa de Alimentación Escolar de la ciudad.
Las frases que se escuchan en el video son precisas en su crueldad:
Mira cómo se roba. Dos mil millones son de ellos, de utilidad desde el día cero, dos mil barras. Más los intereses, 2.500 millones. Mil millones que me deja a mí para el pago de nómina.
Y más adelante:
Porque yo le dije 'marica dame siquiera algo'. Ahora en adelante da dos mil. Ahora soy yo el que me saco dos mil.
La Procuraduría General de la Nación no esperó. El 19 de noviembre de 2025 abrió indagación previa contra Yahir Acuña Cardales para determinar su responsabilidad en presuntos hechos de corrupción relacionados con el PAE de la vigencia 2025. La investigación busca establecer si hubo exigencias de dádivas e incremento patrimonial injustificado. El alcalde intentó blindarse judicialmente: presentó denuncias por injuria contra quienes difundieron el video, entre ellos el propio senador Flórez. La Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda.
Yahir Acuña no es un funcionario sin historia. En enero de 2023 la Corte Suprema lo citó a declarar en un proceso por presuntos vínculos con la banda criminal Los Rastrojos durante su período como representante a la Cámara entre 2010 y 2014. En 2015 fue detenido mientras transportaba 480 millones de pesos en efectivo en una camioneta, horas antes de unas elecciones regionales en las que su esposa era candidata. Las autoridades investigaron una posible compra de votos. Llegó a la alcaldía de Sincelejo con ese historial intacto.
El PAE más caro del país — y los platos vacíos
Lo que ocurrió en Sincelejo entre noviembre de 2025 y abril de 2026 convierte el escándalo del video en algo peor: una profecía que se cumplió.
El convenio del PAE de Sincelejo para el período 2024-2027 fue adjudicado por más de 256.000 millones de pesos — el octavo contrato más costoso del país en ese rubro entre 2022 y 2025, superando la inversión de departamentos enteros como Huila, Cesar, Chocó, Córdoba y La Guajira. Para firmarlo, la administración Acuña utilizó una figura jurídica sin precedentes en la historia del PAE sincelejano: comprometió vigencias futuras, es decir, amarró presupuestos de 2025, 2026 y 2027 en un solo contrato. El proceso de licitación tuvo irregularidades documentadas: solo una empresa se postuló y el período de recepción de propuestas estuvo abierto apenas cuatro días.
El 31 de marzo de 2026, el Consorcio PAE Universal 2024-2027 formalizó la suspensión temporal del servicio. La razón: la alcaldía de Sincelejo adeudaba 31.599 millones de pesos correspondientes a saldos de enero y facturaciones de febrero y marzo. Los niños y niñas de las instituciones educativas públicas de Sincelejo llegaron a sus colegios y encontraron los platos vacíos.
La alcaldía respondió con un comunicado el 7 de abril de 2026 atribuyendo la crisis a la disminución de recursos asignados por el gobierno nacional. Los documentos del Ministerio de Hacienda muestran que Sincelejo acumula un déficit fiscal superior a 120.000 millones de pesos. La pregunta que los documentos dejan abierta no es por qué el gobierno nacional redujo los giros — es cómo llegó el municipio a ese déficit con el contrato PAE más caro de su historia firmado apenas dos años antes.
Las manipuladoras de alimentos sin seguridad social
En su constancia del 29 de abril, Flórez agregó una dimensión que los comunicados oficiales no mencionaron: las mujeres que cocinan los alimentos del PAE — las manipuladoras — dejaron de recibir el pago de su seguridad social. Sin ese pago, no pueden acceder a atención médica. El senador relató en el recinto el caso de una madre que tuvo que llevarse a su hijo enfermo a la casa porque no podía pagar un copago, precisamente porque la alcaldía no estaba cumpliendo con las obligaciones parafiscales de quienes preparan la comida de los niños.
Son dos capas de la misma crisis: los niños sin comida y las trabajadoras sin salud. Ambas consecuencias del mismo contrato, el mismo alcalde y el mismo video que la Procuraduría investiga desde noviembre.
El influencer golpeado y la intimidación documentada
Flórez mencionó también en su constancia el caso de Cristian Villamil, un creador de contenido que fue atacado, amenazado y golpeado por un funcionario de la alcaldía de Sincelejo mientras hacía denuncias en las calles de la ciudad sobre el mal estado de las vías y el mal funcionamiento de la administración. El hecho fue documentado y difundido públicamente. Un funcionario público golpeando a un ciudadano que ejerce control social no es un incidente menor: es el patrón de una administración que responde a la denuncia con violencia.
Lo que los documentos establecen sin necesidad de que nadie responda
El video existe y fue difundido públicamente. La Procuraduría abrió investigación formal. La deuda del municipio con el consorcio del PAE es de 31.599 millones de pesos, documentada en comunicado oficial del 31 de marzo de 2026. El contrato fue el octavo más costoso del país. La licitación tuvo irregularidades documentadas en SECOP. Las manipuladoras de alimentos no reciben pago de seguridad social. Los niños llegaron a sus colegios con los platos vacíos. Un ciudadano fue golpeado por un funcionario de la alcaldía. La Corte Suprema inadmitió la demanda que el alcalde presentó contra quienes lo denunciaron.
Yahir Acuña sigue en el cargo. La Procuraduría sigue investigando. Y en Sincelejo, la capital del departamento de Sucre, miles de niños que dependen del PAE como su única comida segura del día esperan que alguien responda por los 31.599 millones que no llegaron a sus platos.