En el Consejo de Ministros del 13 de mayo de 2026, el presidente Gustavo Petro anunció la decisión más avanzada de su política de Paz Total desde que inició el gobierno: autorizó el traslado de integrantes de cinco grupos armados ilegales a Zonas de Ubicación Temporal. La medida tiene base legal explícita, pasó control de constitucionalidad y sus efectos jurídicos comienzan a operar de forma automática el 26 de junio. Ningún medio cubrió el anuncio con esa especificidad. Lo que se cubrió fue el conflicto con la Fiscalía que rodea la decisión.
Este artículo explica qué es una Zona de Ubicación Temporal, por qué la Fiscalía se opone al tránsito hacia ella, qué debate abrió Petro con el gobierno de Estados Unidos sobre extradición, y cuál es la historia que hace todo esto comprensible.
Qué es una Zona de Ubicación Temporal y qué dice la ley
La Ley 2272 de 2022, conocida como Ley de Paz Total, fue declarada exequible por la Corte Constitucional. Su artículo octavo, parágrafo tercero, establece con precisión las condiciones bajo las cuales el gobierno puede acordar con voceros o representantes de grupos armados ilegales su ubicación temporal en zonas del territorio nacional. La ley dice que es el gobierno quien evalúa si el proceso de paz está "en un estado avanzado" — no la Fiscalía, no el Consejo de Estado, no ningún otro órgano del Estado.
Lo que esa norma llama Zona de Ubicación Temporal — ZUT — es la fase final antes de la desmovilización. Es el paso que sigue a los ceses al fuego, las mesas de negociación y los acuerdos parciales. Cuando un grupo armado entra a una ZUT, sus integrantes quedan concentrados en un territorio delimitado y custodiado por las Fuerzas Militares. A partir del 26 de junio de 2026, las órdenes de captura de las personas ubicadas en esas zonas quedan suspendidas de forma automática por mandato de la misma ley.
Petro autorizó ese traslado para cinco grupos. Lo que el Consejo de Ministros registró como un hecho de gobierno — la entrada de cinco procesos a su fase final — no apareció en ningún titular con esa magnitud. Lo que sí apareció fue la discusión sobre si ese traslado es legal.
El conflicto con la Fiscalía: el tránsito que nadie quiere proteger
El punto de tensión que la Fiscalía General de la Nación introdujo en este proceso es el siguiente: la ley es clara en que las órdenes de captura se suspenden una vez los integrantes del grupo están dentro de la ZUT. Lo que la Fiscalía ha interpretado es que durante el período de tránsito — el desplazamiento hacia la zona, que según los plazos legales debía completarse antes del 26 de junio — ella conserva la facultad de ejecutar órdenes de captura unilateralmente.
El ministro de Justicia rechazó esa interpretación ante el Consejo de Ministros con el argumento que sintetiza la posición del gobierno: "No puede uno pensar que si están allá van a estar protegidos por una suspensión, pero en el tránsito pueden ser capturados en cualquier momento. Casi que es ilógico." La consecuencia práctica de la interpretación de la Fiscalía es que el tránsito hacia la zona de paz queda desprotegido jurídicamente — lo que equivale a decir que el Estado puede capturar a alguien en el camino hacia el espacio que el Estado mismo creó para recibirlo.
El Consejo de Ministros del 13 de mayo fue convocado, en parte, para dejar constancia de la posición jurídica del ejecutivo antes de una reunión que estaba programada para el día siguiente entre la Fiscal y el alto comisionado de paz Otty Patiño. La posición del gobierno es que la competencia sobre la paz y el orden público es exclusiva del presidente de la República, respaldada por el artículo 189, numeral 4 de la Constitución, y que ningún otro poder puede sustituirla.
La pregunta que Petro puso sobre la mesa con Estados Unidos
En paralelo con el debate interno sobre las ZUT, Petro reveló en el Consejo de Ministros el contenido de una propuesta que presentó directamente al gobierno de Estados Unidos. La pregunta que formuló fue concreta: ¿qué es más eficaz para reducir el narcotráfico en un territorio específico — extraditar al líder del grupo armado que controla ese territorio, o desmantelar la economía ilícita que ese grupo opera?
La respuesta que recibió del representante diplomático estadounidense fue inmediata: la extradición. Petro no la comparte. Su argumento es que extraditar al jefe de una organización que controla una economía criminal no elimina la economía — la reorganiza bajo otro nombre. El modelo que propone es diferente: concentrar a los combatientes en una ZUT, erradicar los cultivos ilícitos del territorio que controlaban, y construir la alternativa económica antes de la desmovilización definitiva.
Esa discusión, según Petro, "está abierta" con el gobierno de Estados Unidos. No hay acuerdo, pero hay diálogo. La entrada de cinco grupos a las ZUT es la primera demostración práctica de ese modelo a escala.
El precedente Santos y por qué se rompió
El gobierno de Juan Manuel Santos suspendió órdenes de extradición a cambio de la desmovilización de aproximadamente 16,000 combatientes de las FARC. Ese fue el acuerdo de paz de 2016. Lo que ocurrió después, según el relato que Petro presentó en el Consejo de Ministros, es que el Estado colombiano extradió a algunos de los firmantes después de la firma — lo que él describió como una "trama" que fue su último debate en el Senado antes de llegar a la presidencia.
Las consecuencias de esa ruptura son visibles en el mapa actual del conflicto. Las llamadas "disidencias" — grupos que no firmaron o que rompieron el acuerdo tras percibir que el Estado no cumpliría — siguieron operando. Durante el gobierno de Iván Duque, coparon los territorios que las FARC habían abandonado. Los cultivos de coca en esas zonas crecieron un 60%. La violencia no cedió: se reorganizó.
Petro lo formuló como una lección operativa, no como una crítica política: si el Estado rompe su palabra en un proceso de paz, el siguiente proceso carga con esa historia. Los grupos que hoy entran a las ZUT saben lo que ocurrió con los que firmaron en 2016. El diseño de las ZUT y la suspensión automática de capturas son, en parte, una respuesta institucional a esa historia.
Catatumbo: donde la paz y la coca se tocan
Uno de los territorios donde se ubicará una ZUT es el Catatumbo, en la frontera con Venezuela. Petro lo señaló en el Consejo de Ministros con un dato específico: en ese territorio hay 7,000 hectáreas en proceso de erradicación de coca. La decisión de colocar una ZUT allí — donde el cultivo ilícito es también la economía de subsistencia de parte de la población — no es coincidencia: es la aplicación del modelo que el gobierno defiende. La desmovilización y la sustitución de cultivos van en el mismo paquete.
El Catatumbo también es relevante por el Clan del Golfo, que según Petro "entró en conflicto por una resolución no entregada al presidente de la República, no firmada por mí." Ese detalle — una resolución que comprometía al gobierno sin pasar por el presidente — fue corregido durante el Consejo de Ministros. La zona del Clan del Golfo también está en el mapa de las ZUT.
La competencia en disputa
El debate sobre las ZUT tiene una capa adicional que el Consejo de Ministros dejó registrada. Cuando el Consejo de Estado suspendió el Decreto 415 sobre traslado de recursos pensionales, algunos magistrados hicieron comentarios públicos sobre que el presidente "desbordó su poder." Petro los calificó de prejuzgamiento: "Eso no se llama prejuzgar. No era el deber del resto de magistrados participar cuando no tiene el asunto en sus manos." La misma lógica aplica al debate sobre las ZUT: la Constitución y la Ley 2272 asignan esa competencia al presidente. Decir que la ejerce en exceso es, en la lectura del gobierno, decir que la Constitución está equivocada.
La paz total como política de Estado no ha producido un acuerdo de desmovilización completo. Eso es un hecho. Lo que el 13 de mayo registró es que cinco grupos armados entraron a la fase final del proceso — una fase que tiene nombre legal, plazo definido y efectos jurídicos automáticos. Si esa fase produce desmovilización o no, lo dirán los próximos gobiernos. Lo que este gobierno transfiere es una arquitectura legal activa, cinco procesos en fase terminal y un debate abierto con Washington sobre si extraditar o desmantelar produce más paz.
